El impuesto religioso crea dependencias inaceptables, según protestantes y judíos

Las federaciones de entidades religiosas evangélicas, de las comunidades israelíes y el Ministerio de Justicia suscribieron ayer en Madrid los primeros acuerdos de cooperación que un Gobierno español firma con confesiones no católicas. Los secretarios generales de las federaciones protestantes y judías, José Cardona y Samuel Toledano, respectivamente, reiteraron su rechazo a la asignación tributaria (impuesto religioso) por entender que este tipo de financiación crea una dependencia inaceptable para las confesiones en un Estado aconfesional.

Los acuerdos firmados ayer comprometen al Gobierno a desgravar fiscalmente a aquellos ciudadanos que hagan donaciones a estas confesiones, supuesto que se ampliará a la Iglesia católica, según reiteró el director general de Asuntos Religiosos, Luis María de Zavala (véase EL PAÍS del pasado 4 de enero). Los pactos fijan, asimismo, el carácter civil del matrimonio religioso de judíos y protestantes -tal como sucede ahora con los católicos-; la asistencia religiosa a los alumnos y a los miembros de esta confesión que realicen el servicio militar; y el ingreso en el régimen de la Seguridad Social de los ministros de esos cultos, entre otras cosas.Protestantes y judíos -que cuentan con 60.000 y 15.000 miembros activos, respectivamente- han optado por el sistema de desgravaciones fiscales para los miembros de su confesión por entender, en palabras del protestante Cardona, que "un Estado aconfesional debe valorar el aspecto religioso, pero no subvencionarlo los protestantes, que nos autofinanciamos, no podemos dar el visto bueno a un Estado que destine dinero de todos los ciudadanos a financiar confesiones, por encima de las creencias de los ciudadanos". "Toda Iglesia que recibe dinero del Estado está comprometida con el Estado", destacó Cardona. Esta opinión fue compartida por Toledano, representante de los judíos, quien dijo: "El impuesto religioso no nos gusta porque el Estado se mete en medio, y además", agregó bromeando, "les recuerda a los ciudadanos sus creencias en un momento no muy agradable: cuando debe hacer la declaración de la renta".

Esta fórmula de desgravación es uno de los aspectos más importantes de los acuerdos firmados ayer y que suponen el fin de años de discriminación, cuando no persecución, según coincidieron en señalar quienes suscribieron los acuerdos: el ministro de Justicia, Enrique Múgica, así como los representantes de las confesiones judía y protestante. Múgica destacó que la firma suponía el triunfo de la España heterodoxa sobre la oficial y dijo que es voluntad del Gobierno extender este tipo de pactos a otra confesión: la musulmana.

"El convenio cierra una etapa de 498 años, ya que por la Real Cédula de 1492 se expulsó a los judíos, y supone el fin de un régimen de intolerancia férrea", dijo el representante de las comunidades israelíes, mientras que el protestante Cardona destacaba que la confesión que representa soportó durante los años de la dictadura franquista "la represión que significaba la unidad espiritual del país en tomo al nacionalcatolicismo".

En la actualidad, las 13 confesiones protestantes -agrupadas en la federación- cuentan con 1.300 lugares de culto en España y con 1.100 pastores. Su área de influencia, según Cardona, abarca entre las 260.000 y las 300.000 personas, de las que 60.000 son miembros activos. Los judíos, por su parte, están integrados en 14 comunidades, las más importantes de las cuales se encuentran en Barcelona y Madrid.

Conferencia episcopal

La actualidad religiosa, además de la firma de estos pactos, estuvo también ayer centrada en la asamblea plenaria que los obispos católicos españoles celebran esta semana en Madrid. El episcopado eligió en la tarde del martes al comité ejecutivo, cúpula de la conferencia. Este organismo está integrado, en función de su cargo, por el presidente, el vicepresidente y el secretario general de los obispos y cuatro obispos elegidos. Los cuatro obispos electos son Miguel Roca Cabanellas (Valencia), Gabino Díaz Merchán (Oviedo), Fernando Sebastián Aguilar (Granada) y Ricardo María Carles (Tortosa).

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 21 de febrero de 1990.

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