Acusaciones de injerencia política a un juez de Granada que puso en libertad a ocho menores

El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, que el pasado jueves ordenó la puesta en libertad de los ocho jóvenes internados en el centro de San Miguel ante la imposibilidad de acometer su reinserción social por "falta de medios o de voluntad" admitió ayer que su decisión "pone en duda la política de la Junta de Andalucía sobre menores". Por su parte, el gerente provincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS), Pedro Julián Lara, manifestó: "No se comprende cómo un juez hace declaraciones políticas en época de precampaña electoral", en referencia a las elecciones andaluzas que se celebrarán en Junio.

Emilio Calatayud, que lleva un año en su actual cargo, señaló que cualquier medida que adopte un juez de menores tiene una finalidad educativa y que la de internamiento sólo se decide en los casos más graves. Según el juez los ocho jóvenes delincuentes salían del centro de San Miguel a su voluntad, ya que éste carece tanto de medidas de seguridad como de medios que garanticen la educación y reinserción. "Si no cumplimos por falta de medios o de voluntad con la reinserción o con la contención del menor, y queda a su arbitrio cuanto sale o entra del centro, esta filosofía no tiene sentido", señaló.El juez pidió que se establezca "qué política se quiere llevar con los menores delincuentes" y que a continuación se pongan los medios necesarios. "De todos los expedientes que hemos incoado a los menores no hemos obtenido ningún resultado favorable a su reinserción". Emilio Calatayud aclaró que es la Junta de Andalucía "la que tiene potestad sobre los menores y debe ofrecer un abanico de posibilidades".

Denuncias frecuentes

"La decisión no la he adoptado de forma imprevista y se fundamenta en un hecho denunciado frecuentemente. No tengo nada que reprochar a la gerencia del IASS de Granada, que ha colaborado conmigo en la medida de sus posibilidades. Emilio Calatayud, de 34 años, diez de ellos ejerciendo como magistrado, añadió: "No culpo a un organismo, sino a la sociedad en general. La única esperanza en un juzgado de menores, hoy, es que cumplan los 16 años para remitirlos al de instrucción".Calatayud aseguró que muchos delitos comunes los cometen niños de 10 y 11 años que son usados con frecuencia por los adultos como el instrumento material. "Hay que hacer una llamada de atención para ver si queremos o no reinsertarlos", explicó.

Por su parte, el gerente del IASS señaló que "un juez debe distinguir cuando habla como juez o cuando lo hace como ciudadano. El pasado 23 de diciembre Emilio Calatayud, en presencia de entidades colaboradoras y de los delegados de las consejerías de Salud y Gobernación, dijo que agradecía la sensibilidad mostrada por el IASS hacia el menor y ahora, cuando ha empezado la precampaña electoral, se desdice de sus palabras".

Pedro Julián Lara no quiso ser más explícito y se remitió a una conferencia de prensa que se celebra hoy. Curiosamente, la Consejería de Salud convocó hace varias semanas a todos los jueces de menores a una reunión el próximo día 26 en Sevilla para debatir la situación de estos juzgados.