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El Gobierno y los sindicatos acuerdan invertir 3.750 millones en 27 zonas rurales deprimidas

El Instituto Nacional de Empleo (Inem) dotará este año con 3.750 millones de pesetas los planes especiales de empleo que se pondrán en marcha en 27 zonas rurales deprimidas. Para ello se crearán consejos comarcales de empleo que llevarán a cabo medidas dedicadas a paliar el alto índice de paro agrícola en Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Ávila, Zamora, Valladolid y Salamanca. Los sindicatos y el Gobierno considerarán la especial situación de Canarias. Paralelamente, el acuerdo fija 63 consejos comarcales en Andalucía y Extremadura.

El nuevo acuerdo que alcanzaron en la madrugada de ayer el Gobierno y los sindicatos, establece que estos 90 consejos comarcales a distribuir entre Extremadura, Andalucía y las zonas rurales más deprimidas de otras comunidades autónomas, tienen como fin analizar las características del mercado de trabajo, controlar el fraude, proponer actuaciones en materia de formación y realizar seguimiento de las inversiones. Estos órganos tripartitos estarán dotados en 1990 con un presupuesto de 3.750 millones de pesetas, con los que se cubrirán los planes especiales de actuación en las 27 comarcas que se consideran más afectadas por el paro agrario.Según el documento cerrado ayer tras ocho horas de negociación, serán las comisiones ejecutivas provinciales del Inem, en el que están representados los sindicatos, las organizaciones empresariales y la Administración, las que determinen la ubicación de estos consejos comarcales. Por el momento se fija la creación de 13 consejos en Castilla-La Mancha, cuatro en Murcia, cinco en Valencia y otros tantos en Castilla-León.

El acuerdo establece también que los 3.750 millones pueden ser ampliados si las comisiones ejecutivas provinciales del Inem lo consideran necesario. En caso de que durante el tercer trimestre del año no se tenga previsto ejecutar el total de lo presupuestado, el sobrante se destinará a convenios ordinarios con las corporaciones locales que no hayan dispuesto de financiación durante el año. Para esas inversiones se aplicará la experiencia-piloto que viene funcionando en Castilla-La Mancha, donde los fondos se están destinando a obras de equipamiento social, creadoras de empleo.

El nuevo pacto entre Gobierno y sindicatos racionaliza el sistema de protección para los jornaleros eventuales de Andalucía y Extremadura, mediante la "modulación" de la protección según edades y el establecimiento de límites máximos de rentas familiares para tener derecho al subsidio. Las dos partes acordaron que en el caso de que en la unidad familiar haya un miembro con edad legal de trabajar, el tope será el del salario mínimo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de febrero de 1990

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