La 'ensalada' televisiva canaria

Unos 80.000 domicilios de Canarias están conectados a los canales de vídeo comunitario, que con una programación de 12 horas diarias se han convertido en el avance de la televisión privada en las islas. La actividad se concentra en 12 empresas del archipiélago, que actúan con los inconvenientes impuestos por la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), aprobada por el Gobierno en diciembre de 1987. Los tribunales deberán pronunciarse sobre más de una veintena de expedientes promovidos por la Administración. Para completar el panorama, estaciones receptoras de televisión vía satélite reactivan la señal de las emisoras europeas hacia zonas turísticas.

Por 1.000 pesetas mensuales, el usuario del vídeo comunitario en Canarias puede ver seis o siete películas diarias, seguir cursos de idiomas y, en algunos casos, espacios informativos dedicados a la actualidad del barrio. Avideco SA acapara la mayor parte de la oferta, con 60.000 hogares, según Guillermo Reyes Rodríguez, directo de la empresa, quien reciente mente ha presentado querellas por prevaricación contra el ex delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández Gutiérrez y contra el inspector jefe de Telecomunicaciones en Las Palmas, Florencio Mendoza Moreno. Según Reyes, la Dirección Provincial de Telecomunicaciones ordenó, "ilegalmente, el cierre de seis de las 18 estaciones emisoras de programación de vídeo en la isla d Gran Canaria.En diciembre inspectores de Telecomunicaciones precintaron seis centros de producción de la citada sociedad, en cumplimiento de una resolución de la Dirección General de Tele comunicaciones, por la conexión de inmuebles a través de extensiones de cable sobre vías públicas para la distribución de imágenes.

Guillermo Reyes afirma sentirse "perseguido e intimidado por altos cargos de la Administración vinculados al Partido Socialista". El director de Avideco revela que ninguno de sus centros de producción "emitió publicidad política, en cumplimiento de un acuerdo verbal al que", dice, "llegamos con el alcalde de la ciudad, Manuel Hermoso Rojas, líder de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)", declara Reyes Rodríguez.

"Semanas antes del inicio del proceso electoral el senador canario José J. Rodríguez se presentó en mi despacho como mediador en una operación de adquisición del 25% de las acciones de la sociedad, argumentando que era necesario el control de los canales del vídeo comunitario para evitar la subida de las AIC en las próximas elecciones autonómicas. Yo me he negado reiteradamente a vender", asegura el director de Avideco. Reyes ha interpuesto un recurso de amparo ante la Audiencia Nacional contra las disposiciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y delegación del Gobierno en Canarias.

El inspector jefe de Telecomunicaciones de Tenerife, Enrique Carreras, reconoce que con el único empresario de vídeos comunitarios que ha tenido problemas es con Guillermo Reyes, al que llevó incluso a denunciar por amenazas. "Avideco infringe la normativa vigente y las declaraciones de su director se caracterizan por ocultación de la verdad. No existe ningún tipo de persecución e intimidiación hacia él, pero nunca ha querido aceptar las normas establecidas, lesionando los intereses de otras empresas del sector.

María Dolores Pelayo Duque, miembro de la Ejecutiva regional socialista desmintió a EL PAÍS todo tipo de relaciones entre su partido y Avideco, calificando de "embustes" las declaraciones realizadas por Guillermo Reyes.

Sin pactos

El Tribunal Supremo ha fallado a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el proceso contra Avideco, sancionando a la empresa con tres millones de pesetas y limitando su actuación a comunidades de vecinos de fincas colindantes. El alcalde, Manuel Hermoso desmintió que hubiera establecido un pacto político con el director de Avideco. "Le sugerí que dejara la política a un lado. De eso a un pacto hay un abismo".

El gobernador civil de Tenerife, Julio Pérez, cree que el conflicto de los videos es interminable y está sujeto a una singular picaresca. La obligación dictada de retirar determinadas redes se ven constantemente puenteadas mediante nuevas conexiones, con las que se reanuda el proceso.