La legislación que castigará a los políticos por tráfico de influencias entrará en vigor en mayo

El tráfico de influencias y el uso de información privilegiada para obtener beneficios será castigado penalmente para políticos y altos cargos que pudieran incurrir en esas prácticas a partir del próximo mes de mayo, según previsiones parlamentarias. Asimismo quedarán regulados por primera vez en este país los despachos de gestión de intereses o lobbys. Esto será posible después de que ayer el pleno del Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad todas las iniciativas parlamentarias de los distintos grupos políticos sobre estas materias, como consecuencia del caso Guerra.

Aunque el llamado caso Juan Guerra ha acelerado estos trabajos, lo cierto es que diversos grupos, entre ellos el socialista, habían presentado iniciativa en este sentido antes de que estallara la polémica en relación con el vicepresidente del Gobierno.Miembros del Gobierno aseguraron ayer que en el mes de mayo esta legislación estará en el Boletín Oficial del Estado. Salvo una áspera discusión entre el representante del Grupo Socialista, Ángel Luna, y el de Izquierda Unida, Pablo Castellano, en la que subyacía un fondo ajeno al debate, la sesión transcurrió en un ambiente de consenso que culminó con una votación unánime en la que todos los grupos apoyaron sus iniciativas y las de los demás

Todos eran conscientes de que ayer lo importante era dar el visto bueno a estas iniciativas para abrir cuanto antes el trabajo en comisión que regule el tráfico de influencias. También todos eran conscientes de que, en estos cuatro meses que se abren de negociación, habrá controversia y que se pondrán de manifiesto las distintas concepciones de cada cual de qué se entiende por tráfico de influencias, quien incurre en esa práctica y como hay que penalizarla.

Ángel Luna por el PSOE, Federico Trillo por el PP, Pablo Castellano por IU, Fernando Castedo por el CDS, Josep López de Lerma del Grupo Catalán, Joseba Zubía del PNV, Jon Larrínaga de Euskadiko Ezkerra, Joseba Azkárraga de Eusko Alkartasuna y José María Mur del PAR expusieron sus puntos de vista de forma genérica, cuyas intervenciones, en palabras del representante socialista, podían dividirse en dos tipos, "las áridas", por su complejidad jurídica y "las brillantes, que son perfectas en la forma pero que no dicen nada".

Oratoria clásica

Este reproche iba dirigido a Pablo Castellano, de IU, ex militante del PSOE, que pronunció un discurso en el más puro estilo de oratoria parlamentaria clásica. Éste señaló que a su grupo no le escandaliza el delito sino la impunidad y la pillería. "El bien protegible no es la credibilidad de los políticos sino el estado social democrático de derecho".

Para el socialista Ángel Luna esta "soflama" estaba muy bien pero no venía al caso cuando la Cámara tenía la responsabilidad de legislar asuntos muy serios que podían conducir a personas a la cárcel. Por tanto se trataba de "desmenuzar los preceptos y definir los tipos penales".

Castellano aseguró que estaba dispuesto a recibir todo tipo de lecciones pero no la que pretendía dar siempre el PSOE sobre "unos asuntos que ellos incumplen permanentemente". Castellano se dejó llevar por la emoción y expresó que no admitía lecciones al amparo de las siglas del PSOE.

El popular Federico Trillo y el socialista Ángel Luna se enzarzaron en un debate sobre la definición legal del concepto de tráfico de influencias que para los populares es muy extenso, ya que dice lo siguiente: "Se entiende por tráfico de influencias aquella actividad de aproximación, inducción o persuasión ante las Administraciones o poderes públicos, autoridades, funcionarios, practicadas con el fin de incidir en la formación de voluntad y obtener beneficios". Los socialistas consideran que esta definición adolece de concreción, lo cual resulta grave porque puede poner en peligro el principio de legalidad. El socialista Ángel Luna quiso explicarlo de forma humorística. "Puede parecer una broma, pero desde que este texto apareció por mi casa, mi mujer me mira de reojo. Se lo digo claramente, ya que mi mujer realiza conmigo actividades de aproximación de vez en cuando con el fin de incidir en la formación de mi voluntad y con objeto de obtener algún incremento de su patrimonio porque alguna vez me pide un regalo. Por consiguiente, mi mujer estaría incursa dentro de lo que la letra de su propuesta dice en actividades de tráfico de influencias".

Además de la regulación del tráfico de influencias, su definición y el castigo penal para quienes incurran en esa práctica, también se regulará, a iniciativa del Grupo Popular, "los despachos que gestionen intereses particulares confluyentes con intereses públicos para que queden garantizados los principios de control y objetividad en la gestión de los intereses públicos".

Con algunos matices diferenciales todos parecen de acuerdo en que se prohibirá a los parlamentarios y a los altos cargos trabajar en asuntos privados que hayan tenido relación con su tarea pública por un periodo de dos años, así como a sus cónyuges y familiares en primer grado.

Aunque los socialistas aseguran que irán tan lejos como el que más, consideran que algunas de las propuestas son demasiado exageradas. Se atribuye al portavoz del Grupo Catalán, Miquel Roca, la siguiente ironía: así las cosas sólo se podrá dedicar a la política aquel que sea hijo único, soltero, sin hijos.