IU pide ser parte en la defensa de parcelas públicas integradas en el solar de las torres de KIO

Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid ha pedido ser parte interesada en el expediente abierto por la Dirección General del Patrimonio del Estado para conocer el destino de cuatro parcelas que componen parte de la calle de Agustín de Foxá y que son de propiedad pública, pero que están registradas a nombre de Urbanor, del grupo kuwaití KIO. Sólo respecto a una de las fincas, de 1.080 metros cuadrados, se ha reconocido ya que es, efectivamente, propiedad del Estado.

Sin embargo, afirmó Francisco Herrera, portavoz de IU, el Ayuntamiento ha desestimado el recurso planteado por la Gerencia de Infraestructura del Transporte respecto a esta parcela, por entender que, al ser una vía pública, no era necesario iniciar formalmente el cambio de propiedad. Esta parcela, junto con las tres restantes, son necesarias para la construcción de las torres de 27 plantas que proyecta KIO. [El recurso presentado por Transportes se hizo siguiendo una instrucción de la Dirección General de Patrimonio del Estado, que además pidió explicaciones al Ministerio de Transportes para saber por qué las otras tres parcelas no fueron inscritas en el registro de la propiedad a nombre del Estado].El Patrimonio del Estado, a raíz de las denuncias presentadas por la asociación de vecinos de la plaza de Castilla en las que daba cuenta de esta presunta negligencia de Transportes en la defensa de los intereses públicos, abrió un expediente, el 12/1988, en el que IU quiere ser admitido como parte interesada, como representante político de los intereses de los madrileños.

Por otra parte, IU pedirá al pleno municipal que se anulen los contratos suscritos entre el Ayuntamiento y una serie de empresas, encargadas de reparar los desperfectos en calzadas (los baches) y aceras de las calles madrileñas.

Francisco Herrera afirmó ayer que "a la vista está el lamentable estado en que se encuentran numerosas calles de la ciudad". El pliego de condiciones entre las empresas y el Ayuntamiento, firmado en 1986, estipula el pago de un canon de 200 millones de pesetas el primer año, 150 el segundo y 100 los años sucesivos. "En total", afirmó Herrera, "el Ayuntamiento ha pagado en estos años unos 2.000 millones a las empresas encargadas de estas reparaciones puntuales, que no han cumplido satisfactoriamente sus compromisos".