Juan Guerra ha tejido una compleja red de empresas con importantes activos inmobiliarios

El Corral de la Parra, Elecpor, Nagusa, Fracosur, Cimpa, Cadexa, Cosmosat, Construcción Modular, Samart y Daron son algunas de las empresas en las que. directa o indirectamente, aparece involucrado el nombre de Juan Guerra. A lo largo del tiempo que actuó como asistente de Alfonso Guerra en la Delegación del Gobierno en Andalucía, el penúltimo de los 11 hermanos del vicepresidente del Ejecutivo tejió una red de participaciones en sociedades creadas con capitales poco abultados, pero que ostentan importantes activos inmobiliarios o sirven de base para ejercer actividades económicas de naturaleza diversa.

La diferencia básica entre Juan Guerra y otros empresarios es que aquél ha desarrollado su pequeño holding entre 1986 y 1989, años en los que se le vio constantemente al lado del vicepresidente del Gobierno y en los que usó un despacho en la Delegación del Ejecutivo en Andalucía. Y, posiblemente, hay otra diferencia importante: Juan Guerra no contó con asesoramiento jurídico suficiente.Las posibilidades otorgadas por la vieja legislación mercantil sobre sociedades anónimas y, especialmente, la gran flexibilidad existente para las obligaciones registrales, han permitido a Juan Guerra -según ha confesado su ex mujer y el abogado de uno de los socios- la utilización de testaferros, personas interpuestas y documentos privados que han venido a distorsionar la realidad de sus negocios.

Lo que llama poderosamente la atención es cómo y dónde obtuvo Juan Guerra los recursos financieros necesarios para alcanzar su actual patrimonio inmobiliario y su actividad empresarial, teniendo en cuenta que el único ingreso acreditado era el salario que cobraba de la Comisión Ejecutiva del PSOE (unas 130.000 pesetas mensuales). Y además parece haber ocultado cantidades importantes a la Hacienda.

Sólo el testimonio directo de Juan Guerra, obtenido en la prueba de confesión judicial que se practicó en junio de 1989 -con motivo de la demanda de divorcio contra su mujer, María de los Ángeles López Rubio- y los datos extraídos del registro mercantil y del de la propiedad, permiten conocer lo que para algunos sólo es la punta de un iceberg.

En la sentencia de divorcio dictada el 16 de septiembre del pasado año, el titular del juzgado de familia número 6 de Sevilla, Luis Lozano Moreno, puso de relieve, en los fundamentos de derecho previos al fallo, la mejora experimentada en la situación económica del hermano de Alfonso Guerra, con relación al momento en que se suscribió el convenio regulador de la separación del matrimonio (en diciembre de 1987).

Juan Guerra, según argumentaba el juez, "ha adquirido inmuebles y ha formado parte en sociedades que en el desarrollo normal de la actividad económica que representan han de producirle beneficios que suponen un cambio sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la separación".

Imposibilidad

Sin embargo, el juez reconocía más adelante "la imposibilidad de determinar la cuantía exacta de los ingresos actuales" de Juan Guerra; imposibilidad que empleaba como argumento para "moderar la cantidad pretendida por la demandada", quien reclamaba el pago de 600.000 pesetas mensuales -frente a las 150.000 fijadas en la separación- o 60 millones de una sola vez.

De acuerdo con los planteamientos expuestos al juez por María Francisca Soult -la procuradora que actuaba en nombre de Angeles López Rubio-, los ingresos de Juan Guerra en el momento en que se produjo la separación del matrimonio "eran bastante superiores a lo que manifestaba en su declaración del impuesto sobre la renta de las personas flisicas pues el total importe de sus ingresos los destinaba prácticamente a mi mandante reservándose para él una cantidad de 100.000 pesetas para todo el año, con la que pagaba además una hipoteca de 900.000".