El PP pide informes de la condena a una empresa regional por cesión de empleados
La diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Carmen Álvarez Arenas ha dirigido una pregunta al consejero de Economía, Eugenio Royo, para que aclare el alcance de la sentencia del juzgado de lo Social número 7 de Madrid que declaró ilegal la cesión de trabajadores efectuada por el Centro de Iniciativas Regionales (Irmasa), empresa dependiente de la Comunidad. Según un comunicado del PP, la citada sentencia pone de manifiesto las irregularidades de Irmasa por ofrecer puestos de trabajo antes de su constitución.
Al mismo tiempo, Álvarez Arenas recuerda que el Tribunal Supremo dictó el pasado mes de septiembre una resolución en la que se afirmaba que siendo legalmente posible la creación de empresas con fines empresariales, éstas están limitadas a desarrollar fines de interés público y en régimen de libre competencia.
La diputada del PP afirma que "estas sentencias vienen a demostrar que la Rumasa [la empresa Irmasa] de Leguina es un fantasma para eludir el control público, así como una agencia de colocación de la Federación Socialista Madrileña (FSM)". Según Álvarez Arenas, su grupo espera que el Gobierno regional suprima las numerosas empresas públicas que subsisten gracias a las subvenciones que cubren sus déficits de explotación.
