El congreso de Gentes del Derecho condena la actual Política penitenciaria y pide una nueva ley del aborto

Las 14 organizaciones de juristas progresistas convocantes del II Congreso de Gentes del Derecho, que ayer se clausuró en Valencia, flexibilizaron en la última jornada su posición y permitieron que el pleno se comprometiera en una condena de la política penitenciaria y de extranjería, así como en la reivindicación urgente de una ley del aborto que acabe con la actual, "restrictiva, confusa e ineficaz". Como alternativa a los parches de la reforma Múgica se optó por una reforma de los procesos que incorpore el jurado y una nueva regulación del turno de oficio que permita la elección de abogado.

La comisión presidencial admitió 10 de las 16 comunicaciones presentadas y sometió al pleno si debía debatirse una sobre el derecho de autodeterminación. La respuesta mayoritaria fue negativa. Varias de las comunicaciones aprobadas se refieren a temas penitenciarios y en especial a la actitud gubernamental ante la huelga de hambre que mantienen desde hace dos meses los presos de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).Los congresistas rechazaron una comunicación del abogado de la asociación de Abogados Demócratas por Europa, próxima al PSOE, Jacobo Echevarría, quien defendía que la administración penitenciaria interfiera Ias conductas autodestructivas de los huelguistas" y violente sus deseos, si no logra persuadirles. En cambio se aprobó una comunicación del grupo de Abogados Jóvenes que pide al ministro de Justicia que considere su política de dispersión de los presos y se opone a la alimentación forzosa de los reclusos y otra de la Asociación Crítica de Madrid, que pide el agotamiento de las posibilidades de negociación y el respeto a la voluntad de los presos, ya que "todos tienen derecho a la vida, pero con dignidad".

Otras propuestas aprobadas protestan contra la política penitenciaria restrictiva en cuando a comunicaciones de algunos presos con sus abogados. A propuesta de Ángeles López Álvarez, de la Asociación Libre de Abogados (ALA), el pleno aprobó denunciar las irregularidades en la tramitación de permisos de trabajo a los extranjeros y reclamar el cumplimiento de las normas internacionales en materia de extranjería.

La Asociación Catalana de Juristas Demócratas arrancó un aplauso de los congresistas al aprobar la comunicación que exige que "con la máxima urgencia se tramite un proyecto de ley que garantice la libertad e intimidad de toda mujer a interrumpir su embarazo, mediante una ley que contemple no las causas que lo motivan, sino que establezca unos plazos dentro de las cuales la mujer, libremente, puede optar por la interrupción del embarazo".

Otra comunicación aprobada califica de "quiebra del Estado de Derecho" la obstrucción gubernamental a la investigación de la trama de los GAL y exige al Ejecutivo transparencia sobre los fondos reservados. A iniciativa de Jueces para la Democracia, el congreso rechazó la reciente sentencia de la sala de lo Militar del Tribunal Supremo que denegó la revisión de la condena de Julián Grimau.

Mínimo denominador común

El ambiente general de concordia entre los diferentes sectores del congreso, se ratificó en la sesión de clausura con la incorporación de un representante de ALA a la coordinadora estatal que constituirá una organización estable de carácter federativo. En nombre de la mesa presidencial, el magistrado Juan Alberto Belloch resaltó los esfuerzos para "encontrar un mínimo denominador común entre las organizaciones presentes". Estimó compatible la crítica al poder con la autocrítica y la proposición de soluciones alternativas y aseguró que "este congreso ha sabido articularse con la sociedad actual". En la misma línea de elogio a la crítica constructiva se pronunció Juan José Marí Castelló, presidente del Tribunal Superior de Valencia, y Emerit Bono, al clausurar el congreso.Entre las novedades que figuran en las conclusiones del congreso destaca la propuesta de reforma del turno de oficio mediante su control público, la libre elección de abogado y la existencia de especialistas de distintas ramas del Derecho. También se propuso que para la designación del Fiscal General del Estado el Gobierno cuente con una terna de juristas aprobada por mayoría de tres quintos del Congreso.