Más vale tarde...

LOS ESPAÑOLES que en los últimos lustros han invertido sus ahorros en la adquisición de su vivienda -y son millones si se tiene en cuenta que el 70%. de los usuarios actuales de viviendas en España lo son en propiedad- no sólo han tenido que protegerse de la estafa inmobiliaria, que en centenares de casos les ha dejado sin dinero y sin cobijo, sino que, si finalmente lograban obtener su vivienda, además debían soportar el calvario de la mala construcción, con sus secuelas de goteras, cierres defectuosos, grietas de todo tipo e incluso fallos de sus elementos esenciales.Es cierto que desde el boom inmobiliario de los años sesenta, en el que floreció la estafa y la regla al uso era construir deprisa y cuanto más mejor, hasta el más reciente ha llovido mucho, y bastante se ha hecho para garantizar al usuario una defensa eficaz frente a los estafadores sin escrúpulo. Sin embargo, recientes casos de engaños masivos muestran cómo las nuevas garantías legales no son suficientes para impedir las antiguas prácticas mafiosas de vender una misma vivienda a varios compradores o de venderla hipotecada como si estuviera libre de cargas. Pero si frente al riesgo de la estafa la legislación se ha perfeccionado, no ocurre lo mismo en cuanto a la calidad de la edificación y de sus materiales.

Por lo que parece, este vacío legal va a ser finalmente cubierto con la futura ley de Ordenación y Garantías de la Edificación (LOGE), actualmente en elaboración, y lo que sorprende es que se haya tardado tanto tiempo en disponer de una legislación tan necesaria en un país como España, que prácticamente ha levantado sus pueblos y ciudades de nueva planta en los últimos 25 años. A las normas generales sobre responsabilidad del Código Civil -de difícil cumplimiento, dadas la desigualdad de fuerzas entre usuarios y promotores y constructores y la lentitud de la justicia-, la nueva legislación añade obligaciones específicas por parte de los promotores inmobiliarios para garantizar a los usuarios la calidad de las viviendas y su entrega en los plazos acordados.

Hace 11 años, un primer intento del Gobierno de garantizar la calidad de la edificación mediante la suscripcion de una póliza que cubriese los posibles defectos o vicios fue rechazado por el sector inmobiliario con el argumento de que ello supondría un importante incremento de los costes. Este mismo argumento se ha vuelto a escuchar ahora, cuando parece que los poderes públicos han decidido no retrasar por más tiempo una regulación legal que de una u otra forma viene obligada por la normativa de la Comunidad Europea. Sin embargo, aparte de que la fórmula del seguro para garantizar la calidad de la vivienda comprada no supondría la elevación de su coste real, tal medida haría desaparecer un problema que motiva el 30% del total de las reclamaciones de los consumidores españoles. En cualquier caso, el objeto que persigue una medida de este tipo encaja perfectamente en el concepto de vivienda digna y adecuada que los españoles tienen derecho a disfrutar según la Constitución.