¿Autodeterminación o codeterminación?

El debate sobre la autodeterminación se produce unos 10 años después de ponerse en marcha el nuevo Estado de las autonomías, siguiendo las previsiones constitucionales y tras aprobarse los diferentes estatutos de autonomía. Podríamos, pues, aventurar que esa polémica se origina en una valoración crítica de lo que ha sido esta década de práctica autonómica. Desde algunas posiciones, como las representadas por la coalición CiU, se menciona explícitamente la insatisfacción por 10 años de autogobierno, protagonizados en Cataluña por esa misma coalición, como la causa inmediata de una estrategia de replanteamiento del marco del acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas, sancionado por el texto constitucional y las leyes estatutarias.La evaluación de esos 10 años no parece propiciar ese tipo de planteamientos. Las autonomías de todo el Estado, y especialmente las autonomías catalana y vasca, han logrado en ese período pasar de la nada institucional a formar parte del paisaje político y administrativo no solamente del Estado, sino de Europa, con una presencia significativa en el entramado regional europeo. Las comunidades autónomas, sobre todo las enmarcadas en el artículo 151 o las que disponen de transferencias especiales, aseguran buena parte de las prestaciones y servicios que reciben los ciudadanos. En esos años se ha consolidado un personal político y administrativo propio y específico, que ha contribuido, junto con el desarrollo orgánico específico, a una notable institucionalización de la mayoría de comunidades autónomas o, al menos, de las más significativas.

A pesar de todo ello, y de que ese balance resulta del todo inédito y excepcional en una historia contemporánea marcada por un centralismo inmisericorde, la sensación que predomina en una parte de la opinión pública y de las fuerzas políticas en Cataluña o el País Vasco es de insatisfacción. Elementos para ello no les faltan, al acumularse los conflictos con el Estado, al vaciarse algunas competencias vía Bruselas-Madrid o al constatar una notable permanencia de las resistencias o incompresiones de los aparatos administrativos centrales. Todo ello hace que el balance de esos 10 años permita hablar al mismo tiempo de consolidación del Estado, de las autonomías y de transición hacia un equilibrio de signo distinto.

La autodeterminación surge entonces como remedio mágico que reabriría el proceso de negociación global con la Administración central, en el que, blandiendo esquemas maximalistas y amagando posibles radicalizaciones, se obtendrían mayores cuotas de poder político y económico. La respuesta desde el centro del sistema es de incomprensión y cerrazón, cuando no de apelación a principios fundamentales e intocables. En realidad, detrás de unas u otras posiciones se esconden diferentes perspectivas evaluadoras, diferentes fotos sobre lo que cada uno piensa que sería lo deseable.

Al producirse la transición democrática en España y abrirse el proceso constituyente confluyeron diversos planteamientos sobre el esquema de distribución territorial de poderes. Para unos, aquélla era la ocasión esperada para resolver uno de los contenciosos históricos más constantes y recurrentes de nuestra historia moderna y contemporánea. El diseño constitucional reconoció la realidad plurinacional española y estableció unas bases relativamente flexibles para englobar distintas sensibilidades autonómicas. Se quiso también aprovechar la ocasión para racionalizar más el funcionamiento del Estado, descentralizando el aparato administrativo y abriendo la estructura de poder. Ello implicó la generalización del proceso autonómico y el desarme de la acusación de favoritismo o excepcionalidad que podía haber provocado una fórmula menos generalizable. La contrapartida ha sido la sensación de incomodidad de unos y otros, sobre todo tras una lectura del texto constitucional que parece permitir pocas flexibilidades o tratamientos diferenciados de realidades territoriales, sociales o económicas que son, en cambio, muy distintas.

Por otra parte, desde posiciones preocupadas por la lógica interna del sistema jurídico, se ha postulado repetidamente la necesidad de acabar con las ambigüedades o defectos del texto constitucional, y se ha defendido la necesaria homogeneización del sistema. Se habla de disfunciones, de patologías, cuando lo que hay son diferentes utilizaciones de potenciales de autonomía muy parecidos. La culpa de esas prácticas distintas no la tienen las normas, sino esa tremenda diferenciación social, cultural y económica que se da entre las 17 autonomías.

El hablar ahora de autodeterminación o el responder a ello con la sagrada unidad de la patria no es sólo equivocarse totalmente de perspectiva y de enfermedad, es equivocarse de enfermo. El enfermo no es la Constitución o los distintos estatutos. Mantener esas posiciones contribuirá a aumentar las dificultades de gobernabilidad del sistema, potenciando los atavismos centralistas y una mayor conflictividad en el complejo mundo de las relaciones intergubernamentales. El enfermo es la falta de comunicación y de negociación política entre las distintas instancias de gobierno, y ese enfermo es de mal curar por la vía de cargar a las normas lo que es responsabilidad de los políticos. Vivimos en un mundo en el que cada vez más predominará el entrecruzamiento de responsabilidades y poderes. Sólo es posible gobernar ya en y desde la fragmentación, desde el solapamiento y el ejercicio simultáneo de competencias.

No puede sostenerse por más tiempo una visión de la relación entre instancias de gobierno que la ve como un juego de suma cero, en el que lo que gana un contrincante lo pierde otro. El juego real es un juego de interdependencias constantes, en el que se dan soluciones de suma positiva para muchos de los participantes. Atrincherarse en posiciones formales o de principio sólo conducirá a una mayor judicalización del sistema y no permitirá entrar en un terreno de codeterminación, de corresponsabilidad, que puede ser menos rentable a corto plazo, pero que, sin duda, proporciona mayores cuotas de poder real y mayores capacidades de prestación de servicio a los ciudadanos. es profesor de Ciencias Políticas de la universidad Autónoma de Barcelona.