Partido Popular, decidido a pedir la dimisión de Alfonso Guerra si no da explicaciones creíbles

El Partido Popular está dispuesto a pedir en las próximas semanas la dimisión del vicepresidente del Gobierno. El líder del PP, José María Aznar, declaró ayer que "no queda otra salida si Alfonso Guerra no da una respuesta mínimamente creíble, que demuestre que no ha tenido responsabilidad política en la ocupación y uso que ha hecho de su despacho oficial en Sevilla su hermano Juan Guerra". Los principales grupos de la oposición exigen que el vicepresidente del Gobierno explique en el primer pleno del Congreso, convocado para el 6 de febrero, su comportamiento en relación con este asunto y el enriquecimiento de Juan Guerra al amparo del poder.

Después de que Izquierda Unida pidiera, aunque inicialmente sin el apoyo exigido por el reglamento del Congreso, la comparecencia de Alfonso Guerra en el próximo pleno de la Cámara, el Centro Democrático y Social presentó ayer una interpelación al Gobierno, que probablemente aprovechará éste para intentar zanjar la polémica. El portavoz centrista, Alejandro Rebollo, pidió al Gobierno -que puede designar a cualquiera de sus miembros para que conteste- que explique "qué medidas de política general piensa arbitrar para investigar los asuntos de interés público relacionados con el denominado tráfico de influencias e instrumentar las reformas legislativas que lo eviten".Sin que esté descartada una intervención personal de Alfonso Guerra en el debate, al PSOE se le presenta la oportunidad de argumentar que el pasado día 1 de diciembre presentó dos proposiciones de ley sobre incompatibilidades de altos cargos, miembros de corporaciones locales, diputados y senadores, y que al hilo de esas iniciativas está dispuesto a aceptar propuestas de la oposición.

El Partido Popular ya se ha adelantado a calificar de insuficientes las proposiciones de ley socialistas, redactadas en base a las conclusiones de la comisión sobre tráfico de influencias existente en la pasada legislatura. El portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, defendió ayer la necesidad de incluir en las previsiones para evitar el tráfico de influencias a "los familiares en primer grado" de los responsables políticos. Rato ironizó acerca de que el PSOE ha enriquecido el derecho administrativo, "porque además de ministro, subsecretario o director general, se puede ser también hermano".

Un caso diferente

Cuando fue interrogado acerca de la figura del yerno o del cuñadísimo, acuñadas en épocas anteriores, José María Aznar, que se encontraba junto a Rato en una conferencia de prensa, arguyó que hay nombramientos más o menos defendibles, pero, "como tales, suponen una decisión legal, lo que no se puede decir del caso Juan Guerra".El Partido Popular vio rechazada ayer por la Mesa del Congreso su petición de crear una comisión parlamentaria sobre tráfico de influencias por haber incumplido los requisitos reglamentarios. El PP presentará próximamente de nuevo su solicitud tras reunir el apoyo de 70 diputados u otro grupo parlamentario.

El CDS apoya la creación de una comisión de investigación, pero a condición de que se ciña al tráfico de influencias y a las posibles responsabilidades políticas de autoridades de las administraciones central o municipal. Dispuestos a desmarcarse del Partido Popular, en el que perciben un propósito de "echar leña al fuego", y en contraste con la agresividad de iniciativas suyas anteriores a las últimas elecciones legislativas, el CDS hizo ayer gala de un sentido de la responsabilidad compartido con el PSOE. Al igual que los socialistas, los centristas consideran que sería más efectivo ampliar los supuestos del delito de cohecho que crear una nueva figura delictiva, como sería la del tráfico de influencias.

El líder del PP, José María Aznar, resaltó ayer que su partido quiere incidir en la dimensión política del caso Juan Guerra porque la intervención de la justicia previsiblemente será poco efectiva al no figurar el tráfico de influencias en el Código Penal. "Pero los responsables de que eso, sea así son los socialistas, ya que el Grupo Popular propuso en 1988 una definición de ese delito, que fue rechazada por el PSOE", subrayó Rodrigo Rato.

Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP, formuló ayer en una conferencia de prensa nueve preguntas al Gobierno acerca de quién o quiénes autorizaron la presencia de Juan Guerra en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Álvarez Cascos consideró imprescindible que el Gobierno explique también por qué Juan Guerra usó dicho despacho, qué actividades realizó en él y a quién responsabiliza de la ocupación particular de esa dependencia oficial.