El Instituto de la Mujer denuncia presiones en el caso del juicio por aborto a tres médicos de Pamplona

El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, denunció ayer que se han producido "presiones y un claro intento de ideologización" en torno al juicio por aborto a tres médicos de Pamplona que se celebrará los días 24, 25 y 26 de enero, así como "una agresiva campaña de descalificación, hostigamiento y desprestigio inadmisible".El Instituto recuerda a la opinión pública que el fiscal considera que no hubo delito en este caso de aborto, realizado a una mujer a la que se sometió a numerosas radiaciones, entre la quinta y la sexta semana de embarazo, a causa de un problema renal. Por otra parte, asociaciones sanitarias y jurídicas manifestaron ayer en un comunicado la necesidad de una nueva legislación sobre el aborto "que respete el derecho de la mujer a decidir libremente".

"Este juicio", dice el comunicado, "pone en evidencia las limitaciones que, en cuanto a su desarrollo normativo, tiene la legislación actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo, dejando desprotegidas a las mujeres que desean acogerse a ella y a los profesionales sanitarios que las atienden. Firman el escrito, entre otras, las federaciones de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, de Sociedades de Sexología; de Planificación Familiar, y las asociaciones de Mujeres Juristas Thimis, Salud Y Familia, la Asociación Crítica del Derecho, la Asociación Libre de Abogados, el Grupo de Abogados Jóvenes y la Comisión de Mujeres Abogadas del colegio oficial de Barcelona. El Instituto de la Mujer destaca que es la primera vez que se procesa a médicos de la sanidad pública por realizar un aborto en aplicación de la despenalización de 1985.

Obstaculizar la ley

Este organismo, "en función de su competencia para realizar el seguimiento de la legislación vigente" denuncia que ciertos grupos, que "han tomado como bandera" obstaculizar la aplicación de la normativa sobre la despenalización del aborto, actúan no sólo mediante "denuncias indiscriminadas y genéricas, sino que ejercen presiones absolutamente inadmisibles".Acción Familiar, que ejerce la acusación particular en el caso, pide 12 años de prisión e inhabilitación profesional, y una multa de millón y medio de pesetas para cada uno de los tres acusados, porque considera que en el caso no era aplicable lo previsto por la ley, ya que no se demostraron malformaciones en el feto.

Ramón Mendiburu, su abogado y portavoz, señaló ayer, informa Mikel Muez, que para Acción Familiar, cualquier intento de ampliar las causas legales de aborto requeriría la previa reforma constitucional. Mendiburu indicó que no actuarán nunca contra abortos legales incluidos en los actuales supuestos despenalizadores y subrayó que rechaza el argumento que define a los procesados como "una cabeza de turco" que aplicó la ley. "Privaron de su vida a un ser humano y no están además dispuestos a rectificar su conducta por lo que, sintiéndolo mucho, no tenemos más remedio que pedir su encarcelamiento", concluyó.