Dirigentes socialistas forzaron la renuncia de Juan Guerra como militante del partido

Juan Guerra González, hermano del vicepresidente del Gobierno, renunció el pasado jueves a su condición de militante del PSOE después de ser requerido para ello por varios dirigentes del citado partido. La medida -destinada posiblemente a facilitar una salida a la comprometida situación de Alfonso Guerra, puesto en entredicho a causa de los negocios de su hermano- fue contestada por Juan Guerra con el envío de sendas cartas al secretario de organización del PSOE, José María Benegas, y al responsable del partido en Andalucía, Carlos Sanjuán, en las que pedía la suspensión de militancia y exculpaba al partido de toda responsabilidad en sus negocios privados, según se informó oficialmente ayer en Sevilla.

El PSOE "tenía conocimiento desde hace algún tiempo" de que Juan Guerra utilizaba su despacho en la Delegación del Gobierno en Andalucía para una "dedicación a los negocios, que no quiero juzgar", según informó ayer Txiki Benegas, número tres del PSOE, que se encontraba en Sevilla, coincidiendo con la clausura de un acto de su partido.Benegas, que llegó a la capital andaluza el viernes por la noche y que a lo largo de la mañana de ayer mantuvo diferentes contactos con dirigentes regionales de su partido. dijo que el descubrimiento de los negocios de Guerra motivó la orden dada por la dirección del PSOE en junio pasado, para que Juan Guerra dejara de trabajar para el departamento de seguridad del partido y como asistente -terminología revelada el día anterior por el ex delegado del Gobierno, Leocadio Marín- de su hermano Alfonso. Juan Guerra también fue advertido de que dejara de acompañar a su hermano en las visitas de este último a la capital andaluza.

Según las explicaciones facilitadas ayer por el PSOE, Juan Guerra González estaba autorizado a utilizar una de las dependencias de la Delegación del Gobierno en Andalucía como "encargado de algunas cuestiones de seguridad" en la región y como asistente del vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra. En su calidad de ayudante de éste último, se ocupaba de recoger su correspondencia, concertar citas y atender llamadas telefónicas.

El pasado día 18, una persona entregó en la portería de la sede del PSOE regional, sito en la sevillana calle de San Vicente, dos cartas a nombre del propio Benegas y de Carlos Sanjuán. En ellas, encabezadas con las palabras "estimado compañero", Juan Guerra solicita, "ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación" y con el fin de "defenderme con absoluta independencia", la suspensión temporal de militancia "para evitar que los ataques contra mi persona puedan perjudicar al PSOE, que nada tiene que ver con mis actividades".

Al margen de esta decisión, y de las conclusiones que se deriven de las investigaciones abiertas por los fiscales jefes de Cádiz y Sevilla, Jaime Ollero y Alfredo Flores, respectivamente, el PSOE dará a Juan Guerra la baja definitiva y le expulsará del partido, si se comprueba que "aunque sólo fuera en una ocasión, con esa nos basta, se ha amparado en su calidad de hermano del vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del PSOE" para realizar sus actividades.

Benegas calificó de "injusticia intencionada" el pedir responsabilidades a dirigentes políticos por las actividades de sus familiares, amigos y conocidos, y afirmó que el PSOE "no tolerará linchamientos morales de ningún ciudadano, sea Juan Guerra, el alcalde de Burgos o la hermana de Manuel Fraga".

Investigación

El PSOE, no obstante, insiste en que no es necesario abrir una comisión de investigación sobre el caso Juan Guerra en el Congreso, porque "el Parlamento no puede ser un juzgado de guardia", aunque el PSOE está dispuesto a tipificar como delito penal el tráfico de influencias. El anuncio de Benegas contrasta con las declaraciones realizadas el pasado día 16 -sólo cuatro días antes- por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Martín Toval, quien defendió que los delitos por tráfico de influencias debían regularse mediante dos proposiciones de ley, presentadas por el PSOE la pasada legislatura, que se refieren a las incompatiblidades de cargos públicos.

Esto supone un cambio sustantivo en la estrategia del PSOE sobre el caso Guerra, por lo que se estima que Benegas, que oficialmente viajó a Sevilla para clausurar un acto interno del partido, traía consigo directrices para salvaguardar a su organización del continuado eco del caso en los medios de comunicación y de su repercusión en la opinión pública.

Las dificultades para concretar jurídicamente el tráfico de influencias fueron admitidas ayer por José María Benegas y días atrás por la fiscalía sevillana, que especificó que esta actividad está calificada en el Código Penal como estafa, cohecho, prevaricación o falsedad de documento público.