Rumanía vuelve a legalizar al partido comunista

La nueva dirección de Rumanía entonó ayer el mea culpa y dio un definitivo paso en su tambaleante camino hacia la democracia. El Consejo del Frente de Salvación Nacional, en el poder desde la caída de la dictadura de Nicolae Ceaucescu, decidió en sesión plenaria desconvocar el referéndum en el que se iba a decidir, el día 28, sobre la implantación de la pena de muerte y la ilegalización del partido comunista, levantada ayer. Tras una semana de presiones diversas, el presidente rumano, Ion Iliescu, se vio obligado a pedir disculpas.

lliescu dijo que se vio impelido al "error cometido bajo la presión de la multitud en la calle" al convocar tal referéndum."El Consejo reunido en pleno ha anulado los decretos adoptados el 12 de enero bajo la presión de la multidud sobre la pena de muerte y la ilegalización del Partido Comunista", dijo ayer Silviu Brucan, vicepresidente. Ion lliescu, Petre Roman (primer ministro) y Dumitru Mazilu (primer vicepresidente), asumieron la "íntegra responsabilidad" por los antidemocráticos decretos.

La decisión se antoja como un ataque contra el triunvirato de poder rumano, lliescu-Roman-Mazilu, que jugaron politicamente la semana pasada las barajas del referéndum y la prohibición de los comunistas.

Mazilu reconoció ante el pleno que fue él quien escribió los decretos, aprobados bajo la presión de unos manifestantes agresivos que intentaban incluso penetrar en la sede del Gobierno. El viernes, cuando varios miles de jóvenes descontentos exigían a gritos la muerte para los colaboradores de Ceaucescu, lliescu, Mazilu y Roman prometieron darles esa oportunidad.

En medio de la confusión y nerviosos por la dimensión que tomaba la manifestación, Mazilu redactó unos decretos más tarde criticados por intelectuales, periódicos y Gobiernos extranjeros.

Fuertes críticas

La dirección del Frente ha sido en la última semana objeto de fuertes críticas. Los argumentos eran comunes: ningún Estado democrático que se precie puede legalizar con una pena de muerte en la que se cebe el ansia de venganza de un pueblo reprimido, ni puede ilegalizar ningún partido.

A partir de ahora, "todos los partidos y organizaciones, y candidaturas independientes, excepto fascistas", tendrán acceso a presentarse a las elecciones, según decidió el Consejo.

El Frente, reunido el miércoles en pleno por primera vez, decidió también confiscar el patrimonio y los negocios de Nicolae Ceaucescu y su mujer, Elena, y del Partido Comunista, que son transferidos al Estado.

La pareja de dictadores ejecutada el 25 de diciembre tenía 21 enormes palacios, 42 villas residenciales, 28 chalés y un complejo empresarial en los Cárpatos.

Según contó ayer Silviu Brucan, sus villas estaban distribuidas en todos los departamentos del país, desocupadas durante todo el año en espera de una eventual visita de los Ceaucescu.

El Frente discutió también el miércoles un proyecto de ley electoral que será negociado con todos los partidos. Sus bases son: separación definitiva de los tres poderes, sistema pluralista, sufragio universal para la elección del Parlamento y del presidente y acceso gratuito de todos los candidatos a los medios de comunicación.

Aunque no hay decisión oficial, el Frente ha accedido a retrasar las elecciones, según distintos miembros del mismo.

Los comicios pueden celebrarse entre junio y septiembre, tal y como reivindicaban los nacientes grupos opositores.

Representación militar

Uno de los puntos que negociará el Frente con los partidos será la eventual representación del Ejército en el Parlamento. Las Fuerzas Armadas, que han tomado un papel relevante, primero en la revolución y ahora en la gestación de la nueva Rumanía democrática, podrán tal vez presentar candidatos.

Los juicios contra los colaboradores de Ceaucescu han sido pospuestos hasta la próxima semana.

Según Brucan, "la dificultad ,de obtener pruebas, ya que han destruido numerosos documentos comprometedores", está dificultando la instrucción de un sumario para sentar en el banquillo a las manos derechas del régimen.

Los primeros en ser juzgados serán: Emil Bobu, número tres de la dictadura después de Nicolae y Elena -siempre y cuando se descarte a Nicu Ceaucescu, hijo de los dictadores y que está pendiente de juicio acusado de corrupción e instigación contra el Estado-; Ion que está Dinca, Manea Manescu y Tudor Postelnicu, miembros de la cúpula dirigente.

Este último, general del Ejército, en cuanto ministro del Interior ha tenido una responsabilidad directa en la represión de los revolucionarios rumanos.

El general PosteInicu era el principal coloborador de Elena Ceaucescu en el control y órdenes posteriores a la Securitate para reprimir no solo los movimíentos políticos de repulsa contra el régimen, sino las más leves demandas de reforma económíca.