Sólo uno de cada 10 abortos se ajusta a la ley, según la ginecóloga de Pamplona procesada

Elisa Sesma, ginecóloga acusada de practicar un aborto en un centro público a una joven que había recibido radiaciones y que será juzgada en Pamplona dentro de una semana, asegura que sólo "entre el 3% y el 10% de los abortos que se practican se ajustan realmente a los supuestos que contempla la ley". La médica, que participa en unas jornadas en Madrid, denuncia la falta de regulación, que incide en la paciente, de la objeción del personal sanitario frente al aborto en los hospitales públicos. En estos centros sólo se practican cuatro de cada 100 abortos.

Dentro de una semana, Sesma, de 36 años, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pamplona por interrumpir el embarazo de una joven de 19 años a la que se le habían practicado más de 15 radiografías. Dos ginecólogos más -Mari Cruz Landa y Pablo Sánchez- la acompañarán, junto con la solidaridad de sus compañeros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FASDP), de la que ella es miembro, y que han organizado una campaña de contestación, además de los grupos feministas, que han convocado movilizaciones y unas jornadas de debate que se clausuran hoy en Madrid.Este juicio, en que se procesa por primera vez a profesionales que practicaron la interrupción del embarazo en un hospital público, es considerado por feministas y defensores de la sanidad pública como un "grave atentado" al recortado derecho de abortar en los centros públicos.

El fiscal pide la absolución de los inculpados, supuesto en el que Sesma confía como desenlace, mientras que la acusación particular, que ejerce la asociación Acción Familiar, -"cercana al Opus Dei", recuerda ella- solicita para cada procesado 12 años de cárcel, 14 de inhabilitación profesional y un millón y medio de pesetas de multa.

Con la espada encima

Sesma se entrevistó ayer con su colega Carmen Martínez Ten, directora del Instituto de la Mujer. Y reclamó "que se mojen, que pidan a sus compañeros del PSOE que modifiquen la ley del aborto para que sea libre y dejar así que la mujer decida. Se trata de hacer primar el derecho de la gestante sobre los del feto". El actual texto despenalizador incluye los supuestos de grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la embarazada, gestación provocada por violación o presunción de taras en el feto. "Tiene unos límites muy estrechos". Sesma cree, de todos modos, que los plazos para abortar restarían problemas técnicos, dado que en el segundo trimestre de la gestación existe más peligro en el aborto, "aunque hay que decidir en cada caso". Otra queja es la indefensión de los profesionales que practican el aborto en hospitales públicos.El caso que se juzgará en Pamplona era una de los 10 interrupciones del embarazo que los tres facultativos realizaron entre octubre de 1985 y febrero de 1987. "Fuimos muy cautos", asegura, "y en ese período enviamos fuera de Navarra a 2.000 personas para que abortaran". Ella y sus compañeros se plantearon practicar abortos en la sanidad pública. Pronto surgieron los problemas.

Sesma culpa al Instituto Nacional de la Salud (Insalud) -al que pertenece el hospital Virgen del Camino de Pamplona, donde se realizaron los abortos- de no regular los límites de la objeción del personal sanitario. Cree que en la sanidad pública la mujer que aborta "siempre está en medio de todo". Ella conoce casos de objetores "que se han negado a hacer exploraciones complementarias, a poner sueros, a rasurar a las enfermas, e incluso a servirles la comida". Las situaciones pueden llegar al absurdo de exigir guardias localizadas especiales para estas pacientes o de internarlas en soledad.