CEOE quiere acordar con las centrales los salarios de 1990 a partir del 5,1% de IPC

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) dijo anoche que hará una propuesta conjunta con la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) a los sindicatos para fijar un acuerdo salarial interconfederal para 1990 sobre la base de una prevision de inflacion para este año del 5,1 %.UGT y Comisiones Obreras han reconocido que ya han existido "sondeos explorativos" al respecto, pero no se ha llegado a ningún resultado. Al finalizar la mesa bipartita sobre la formación profesional, la patronal dió a conocer a las centrales su previsión oficial de inflación para 1990. El 5,1% que proponen los empresarios fue calificado por los sindicatos como "un arma arrojadiza para forzar la política de rentas".

El comunicado afirma que "como máximo, el incremento anual de precios al consumo (IPC) en diciembre de 1990 no debe ser superior al 5,1 %", como primer paso para reducir, hasta su eliminación, el diferencial adverso de precios que separa a España del conjunto de países que forman el Sistema Monetario Europeo (SME).

El conjunto de países del SME, señala el citado comunicado, ha registrado una tasa de inflación estimada en 1989 del 4,1 % (medida por el deflactor del consumo privado en media anual). "Como la tasa de inflación española, medida también en media anual, se sitúa en 1989 en el 6,8%", afirma la CEOE, "se deduce la existencia de un diferencial adeverso en el pasado año de 2,7 puntos".

Conscientes de que en la economía española existe una inflación subyacente elevada, la CEOE insiste en que como máximo el IPC en diciembre del presente ejercicio no debe ser superior al 5,1 %. "Con ese objetivo de inflación, sólo se reduciría el diferencial adverso en 3 décimas, aunque se lograría el necesario cambio de tendencia de los últimos 18 meses".

La organización empresarial advierte más adelante que cualquier cifra de aumento anual del índice de precios al consumo en diciembre de 1990 superior al 5,1% sería para el conjunto de nuestra economía, y en especial para el empleo, "muy peligroso porque significa ir en contra de las implicaciones y exigencias de nuestra condición de miembro de la Europa comunitaria".

Los efectos del incremento de precios por encima de esa cifra supondrían, de acuerdo con la confederación de empresarios, mayores importaciones y, consecuentemente, menor producción nacional y mayores niveles de desempleo. "Por consiguiente, las políticas socioeconómicas -fiscal, monetaria y de rentas, entre otras- han de ajustarse coherentemente a los objetivos", según la patronal, que inciden en que la política de rentas debe ajustarse a estas exigencias de menor inflación y mayor competitividad empresarial.