Los sindicatos calculan que la inflación aumentará entre el 6,5% y el 7% en el año 1990

Sindicatos y Gobierno presentaron ayer su propia previsión de inflación en la mesa bipartita. Mientras las centrales calcularon el incremento del IPC entre el 6,5% y el 7%, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, mantuvo que el porcentaje se situará en torno al 5,5%. Estas cifras se pusieron ayer sobre la mesa para abordar la actualización del salarlo mínimo interprofesional (SMI) de este año. La concertación ha encontrado ya tres puntos de discordia de difícil conciliación: la deuda social de 1989 que afecta a los empleados públicos y la cláusula que garantice la revisión de sus retribuciones y el salario social gestionado y financiado por la Administración central. Las posturas están más cercanas en lo relativo a pensiones.

La concertación abierta entre sindicatos y Gobierno comenzó ayer con la negociación de la deuda social contraida con los funcionarios y pensionistas a lo largo de 1989. Con el fin de no caer en guerras de cifras, las dos partes intentaron acercar posiciones en cuanto a los criterios con los que compensar la pérdida de poder adquisitivo de estos dos colectivos sujetos a impuestos. El Gobierno tampoco quiso hablar de un salario social gestionado y financiado por la Administración central para las personas en situación extrema de pobreza, una de las reivindicaciones incluídas en la Propuesta sindical priorítaria.Las ofertas presentadas en la mesa no consiguieron encontrarse en los temas que afectan a los funcionarios: ni en lo que respecta a la compensación del desfase del IPC del año pasado ni a la hora de fijar una cláusula de revisión que garantice esta compensación en el futuro. La cláusula de garantía para los empleados públicos es una asignatura pendiente de las negociaciones abiertas con el Gobierno desde 1988 y que desembocaron en la huelga general. Aunque las dos partes entienden que sus posturas están bastante separadas, el ministro de Economía, que estuvo presente en la reunión con sus homólogos del ministerio de Trabajo y para las Administraciones Públicas, comentó que "se nota una mayor aproximación con un sindicato" que la que existe entre ellos mismos.

El secretario de acción sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, reseñó que, en medio de las diferencia, el Ejecutivo empezaba a hablar de una revisión automática de mínimos para este colectivo, lo que podía valorarse como "positivo". Su homólogo en CC OO, Agustín Moreno, insistió en que los sindicatos no desean que cada año se repita la negociación de la deuda.

Frente a la propuesta sindical de establecer un salario social, la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, declaró que la oferta del Gobierno es irrevocable: ampliar la actual red de servicios sociales, exclusivamente. El representante de Comisiones Obreras insistió, frente a la "posición cerrada y agarrotada ,del Gobierno", la necesidad de ampliar a todo el Estado las inciativas que sobre salario social están adoptando algunas comunidades autónomas. UGT entiende que estas rentas mínimas y la red de servicios pueden estar combinadas. La concertación encontró terreno más abonado en lo que respecta a la actualización de pensiones y la cláusula de garantía para este grupo, temas que han condicionado al cálculo del salario mínimo interprofesional (SMI).

Salado mínimo

En la mesa bipartita convocada para el próximo 17 de enero, se intentará consensuar el incremento del SMI para 1990. Las cosas no son tan sencillas. Según ha reconocido el ministro de Economía, Caños Solchaga, "es difícil tratar cada uno de los temas por separado", aunque los sindicatos entienden que la negociación de los temas no se condicionan entre sí.

Por el momento, el Gobierno está dispuesto a negociar la reactualización del SMI entre el 5,5% (porcentaje que corresponde a su cálculo de inflación para 1990) y el 7% de aumento al que prevé que ascenderá el IPC real del año rasado. Los sindicatos entienden que estas cifras son insuficientes, aunque no descartan el acuerdo, según sus previsiones, el IPC para 1990 será entre el 6,5% y el 7%.

Según ha anunciado Carlos Solchaga, las pensiones mínimas de la Seguridad Social con cónyuge a cargo deberán igualarse al salario mínimo "de forma inmediata", las que se encuentran por debajo deberán actualizarse y las que se sitúan por encima de este salario deberán tener en cuenta las desviaciones de la deuda social y acoplarlas para 1990.