Flaca cooperación

SI EL Consejo de Ministros aprueba el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) para 1989, España dedicará este año unos 100.000 millones de pesetas a los distintos programas de ayuda al desarrollo del Tercer Mundo que coordina la Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. El año pasado, un presupuesto oficial de 105.000 millones fue recortado por el Gobierno en 18.000. Así, los 87.000 millones destinados a esos programas supusieron el 0,15% del producto interior bruto (PIB), muy por, debajo del 0,36% que, como media, destinan a tal fin los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo -dependiente de la OCDE-, y aún más alejado del objetivo del 0,67%. de su PIB que la ONU considera necesario para los países industrializados.Durante años, las ayudas al desarrollo del Tercer Mundo estaban dispersas en distintos departamentos ministeriales. Desde 1987 se unificaron todas esas ayudas en una secretaría de Estado (la de Cooperación Internacional) que es la responsable de preparar el plan anual. En el proyecto para 1990 se prevé un desembolso de 97.000 millones, que si bien supera en 10.000 millones de pesetas el presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado ejercicio, supone una reducción respecto al monto de lo inicialmente previsto en el plan anual para ese año. Si se confirmasen esas cifras, el importante incremento producido el año pasado (30.000 millones) no tendría continuidad en 1990, e incluso podría producirse un retroceso si el Gobierno aplica al plan una reducción similar al anterior. Ello contrasta, por ejemplo, con el mantenimiento, aprobado por el Consejo de Ministros de la pasada semana, de las inversiones previstas en armamento, que seguirán creciendo hasta 1992 a un ritmo del 4,5% anual.

Una encuesta realizada en 1989 por encargo de la coordinadora de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo puso de manifiesto que los españoles figuran entre los ciudadanos europeos más sensibilizados por los problemas del subdesarrollo y con mayor disposición a cooperar en ese terreno, pero también entre los menos informados sobre los problemas de los países pobres. La encuesta reveló, por otro lado, que ocho de cada 10 españoles desconfian del destino real dado a los fondos teóricamente destinados por los Gobiernos a ayudas a los países subdesarrollados. En contraste con esa sensibilización, España dedica a cooperación internacional la décima parte que los países nórdicos y menos de un tercio que Estados como Francia, Reino Unido o Italia. Ello es bastante incoherente con la pretensión española de ser admitida en el Grupo de los Diez, constituido por los países más desarrollados del mundo. Pese a la coordinación y a la voluntad de actuar sobre programas concretos y áreas determinadas -lo que constituye un avance-, todavía subsiste la idea de la cooperación internacional como una rama de la beneficencia, siendo así que realidades como la de la deuda exterior revelan cada día que la salida del subdesarrollo de las zonas más pobladas del planeta es una condición incluso para el desarrollo de los países industrializados.

Con todo, el mayor problema sigue siendo el de la ausencia de control social efectivo de los desembolsos realizados, como se ha puesto de relieve estos últimos años, por ejemplo, en relación con la ayuda a-Guinea. Esa fiscalización la realiza a nivel internacional el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, organismo al que España aún no se ha incorporado. Y como aquí no existen debates parlamentarios sobre el cumplimiento de las previsiones presupuestarias, la desconfianza sobre el uso dado a esos miles de millones está justificada.