España mantiene hasta 1992 el ritmo de aumento de sus gastos en armas a pesar de la distensión

, España mantendrá hasta 1992 el actual ritmo de crecimiento de sus gastos en armamento a pesar del nuevo clima de distensión y de los generalizados recortes presupuestarios que en materia de Defensa están efectuando otros países de la OTAN. El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes prorrogar por dos años la ley sobre dotaciones presupuestarias de las Fuerzas Armadas, que garantiza un crecimiento anual mínimo y acumulativo del 4,432%, en términos reales, de los gastos en material militar. Desde 1986 se ha invertido un billón y medio de pesetas con cargo a esta ley.

El proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes supone una prórroga de la ley de dotaciones de mayo de 1987, que a su vez prorrogaba la de julio de 1982, aprobada poco antes de la llegada de los socialistas al Gobierno. Dicha ley, que se justificaba por la necesidad de atender las inversiones más urgentes, así como las adquisiciones y gastos destinados al sostenimiento de las Fuerzas Armadas, garantiza, en su artículo segundo, un crecimiento acumulativo anual de los créditos para material y equipos militares del 4,432%, en términos reales; es decir, por encima de la inflación y a salvo de las variaciones en el cambio de la peseta. Este ritmo de crecimiento se considera mínimo y el Gobierno está autorizado a incrementarlo, "en la medida que lo vayan permitiendo las circurnstancias".Sin embargo, la ley de dota ciones limita al 2,5% anual, en términos reales, el crecimiento de los créditos totales del Ministerio de Defensa, a excepción de algunas partidas menores, lo que implica que el procentaje de los gastos en inversiones debe crecer progresivamente en detrimento de las retribuciones. La misma ley exime del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) la importación de armas, municiones y material de uso militar.

La existencia de una ley plurianual de este tipo, que pretende garantizar la continuidad de los programas de compras de armamento a medio y largo plazo, vacía de contenido en gran medida el margen de maniobra de los presupuestos de Defensa de cada ejercicio, que están condicionados por la aplicación de parámetros de la ley.

La continuidad del ritmo de crecimiento de los gastos en ar mamento durante dos años, a pesar del clima de distensión mundial, se justifica en medios oficiales con el argumento de que antes de ese plazo río será posible apreciar en toda su magnitud las consecuenclas de la conferencia sobre desarme convencional que los países de la OTAN y el Pacto de Varsovia celebran en Viena.

Recortes en Francia y EE UU

Por eso, la prórroga de la ley de dotaciones aprobada por el último Consejo de Ministros del pasado año tiene carácter bianLial, en vez de cuatrienal, como estaba en principio previsto, y obliga a remitir un nuevo proyecto a las Cortes antes del 1 de enero de 1992. La reducción a la mitad del período de vigencia de la ley de dotaciones está dirigida también a acoplar su fecha de revisión con el Plan Estratégico Conjunto (PEC), en el que se incluyen los objetivos de las Fuerzas Armadas.

La cautela mostrada por el Gobierno español a la hora de reducir los gastos de armamento no ha sido compartida por buena parte de sus colegas de la OTAN, que han efectuado drásticos recortes presupuestarios en materia de defensa, sin esperar a los resultados de la Conferencia de Viena. El Gobierno francés, por ejemplo, ha reducido en 370.000 millones de pesetas, repartidos en dos anos, su ley de programación militar, similar a, la española, aunque esta medida ha costado una moción de censura al primer ministro, el socialista Michel Rocard. El Congreso norteamericano, por su parte, ha recortado en 1.100 millones de dólares los presupuestos militares para 1990 aprobados por la Casa Blanca.

Junto con la prórroga de la ley de dotaciones, el Gobierno ha enviado al Parlamento, como es preceptivo, un informe sobre la aplicación de la misma en los últimos cuatro años. Según datos de Defensa, los gastos derivados de la ley han ascendido a un billón y medio de pesetas (1.557.835 millones) en el período 1986-89, pasando de los 316.000 millones del primero de estos años a los 452.000 mi llones del año pasado. En los primeros cuatro años de vigencia de la ley, 1982-86, los gastos imputables a la misma ascendieron a algo más de un billón (1.109.441 millones).