Entra en vigor la polémica ley del Personal Militar

La ley reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, antes llamada de la Función Militar, que supone una profunda reorganización de la carrera castrense y ha provocado malestar en numerosos sectores de las Fuerzas Armadas, entró ayer en vigor, aunque su puesta en práctica requerirá la previa aprobación de decenas de normas.

La primera de estas normas fue una orden ministerial, publicada la pasada semana, que determina el pase a la reserva, el próximo 1 de julio, de todos los miembros de las escalas superiores de los Cuerpos Generales de los Ejércitos, Infantería de Marina y cuerpos y escalas que se integren en aquellos que en 1989 hayan cumplido 35 años o más desde el acceso a las mismas y no hayan llegado a generales.

La ley determina el pase a la reserva a los 32 años de servicio, pero permite alargar este período hasta los 35 años de forma transitoria. Para las promociones que accedieron a las citadas escalas entre 1955 y 1966 se determina una variación trimestral que va de los 32 años y tres meses para la promoción de 1966 a los 35 años para la de 1955. En consecuencia, será la promoción de 1967 la primera que se ajuste al límite máximo impuesto por la nueva normativa.

La ley del Personal Militar supone, entre otras novedades recibidas con mayor o menor recelo, la unificación en un sólo cuerpo de las armas tradicionales del Ejército de Tierra, la reforma de la enseñanza militar, la división de los oficiales en una escala superior y otra media, la creación del empleo de suboficial mayor la extinción del Cuerpo de Mutilados, la pérdida del mando por los miembros del cuerpo de intendencia, la integración de las escalas especiales en la media, la transformación de buena parte de los militares de complemento en militares de empleo, ....

Numerosos colectivos militares han manifestado ya su intención de llevar la ley a los tribunales, pero después de que el Defensor del Pueblo se negara a recurrirla ante el Constitucional, la única vía legal pasa por la interposición de recursos judiciales contra actos administrativos concretos derivados de la aplicación de la ley.