El Defensor del Pueblo reclama leyes para controlar las residencias de ancianos del sector privado

El Defensor del Pueblo reclama que se controlen legislativamente, las residencias privadas de ancianos que existen en España -que ofertan casi un 80% de las plazas existentes en una Recomendación sobre las residencias privadas y públicas de la tercera edad remitida al Ministerio de Asuntos Sociales y a los presidentes de las comunidades autónomas. Sólo Aragón y Cataluña disponen de una normativa completa de regulación de estos centros. El Defensor recomienda que la Administración acentúe los esfuerzos para cubrir la carencia de plazas en residencias públicas, que acumulan más de 24.000 peticiones de ingreso.

En 1988, existían, según el Defensor del Pueblo, 106.485 plazas en 1.293 residencias para ancianos, tanto en el sector público como en el privado. Sobre las estimaciones realizadas sobre 1.293 centros y 99.630 plazas, el 20 % correspondería al sector público (al Instituto Nacional de Servicios Sociales -Inserso-, 4,2%; a comunidadaes autónomas, 4,5 %; a provincias, 3,1 % y a municipios, 8,4%) y el 79,8%, al sector privado (de las cuales serían religiosas el 22,9%).Esta institución visitó y revisó exhaustivamente durante este año siete residencias de Inserso, seis de distintas administraciones autonómicas, dos de diputaciones provinciales y tres de ayuntamientos. Se seleccionó un centro de cada comunidad autónoma y dos de Madrid, que suponían 4.832 plazas públicas. Siete de las instituciones se dedican a personas que pueden valerse por sí mismas y cuatro son asistidas. El resto puede acoger ancianos válidos o no.

Es el sector privado el protagonista de la llamada de atención del Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, quien, en el curso de la presentación del informe, manifestaba que en esos centros se podían estar violando los derechos fundamentales de las personas. Esta institución no puede realizar visitas a las residencias privadas, aunque ha revisado su regulación.

15 comunidades sin regulación

Solamente Aragón y Cataluña disponen de una regulación que abarca la totalidad los aspectos jurídicos de las residencias privadas (autorización de apertura, condiciones mínimas materiales y funcionales, régimen de precios, derechos de los usuarios e inspección y sanciones, entre otras cosas). Once comunidades carecen de normativa sobre las condiciones mínimas que deben reunir las residencias privadas y solamente siete han aprobado normas de inspección. Seis han tipificado las infracciones y han previsto sanciones. El requisito -de autorización sólo se exige en Cantabria, Valencia, Madrid, Cataluña, Andalucía y Aragón. Las tres últimas comunidades han regulado precios y disponen de una normativa sobre derechos de los usuarios y obligaciones de prestación de servicios. Madrid -también ha regulado los derechos de los residentes.

Sobre estas conclusiones, el Defensor pide que las comunidades que carecen de legislación elaboren y aprueben "con urgencia normas aplicables a las residencias privadas" que abarquen la autorización de apertura, infracciones, régimen de precios, etcétera. Es necesario, para esta institución, que las Administraciones inspeccionen los centros, "al objeto de garantizar que la atención a los residentes se desarrolle en un marco acorde con la dignidad humana (...) así como para asegurar el respeto de los derechos de los usuarios".

Las conclusiones del estudio de los centros públicos señalan, entre otras cosas, que "en la práctica totalidad de las residencias no se ha elaborado e implantado un plan de emergencia". Algunos centros "carecen de salidas de emergencia o no disponen de sistema alguno de alarma", asegura el Defensor, que reconoce los esfuerzos del Inserso. La institución plantea dudas sobre la eficacia de los medios de evacuación implantados o en curso de implantación (escaleras y mangas de evacuación) debido a las condiciones físicas de los ancianos y pide que se construyan rampas.

El Defensor ha detectado, entre otras anomalías, la inadecuación, para personas de movilidad reducida, de los servicios en algunas residencias. En Santa María de las Nieves (Vitoria), las habitaciones "no reúnen las condiciones imprescindibles de intimidad, ventilación e iluminación". En 11 residencias el servicio médico interviene en la elaboración de los menús, pero no siempre bajo criterios dietéticos.