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De intolerancia y política

En su reciente alegato favorable a la aceptación escolar del chador, Fernando Savater toma como referente central la defensa volteriana de la tolerancia. No es posible, dice, tolerar que no se tolere. Desde esta perspectiva no existirían demasiados problemas para asumir la presencia del famoso velo en la escuela, y ciertamente tal cosa no parece nada exagerada en un país como el nuestro, donde los niños siguen experimentando la fusión de enseñanza científica y formación religiosa, incluso en colegios denominados laicos, mientras bien elaborados manuales del BUP explican que el juego de éxitos y fracasos de las tribus bárbaras dependió de la adopción del catolicismo. Pero que el problema se contemple como algo lejano en una sociedad donde los signos religiosos han imperado por espacio de siglos no impide que haya de lamentarse el retroceso que el chador implica para el laicismo en la escuela allí donde esa meta ha sido alcanzada. Para empezar, porque, como el propio filósofo reconoce, no son las adolescentes, sino sus familias las que imponen el velo según una concepción religiosa integrista. Pero sobre todo porque quiebran dos pilares de la concepción de la enseñanza laica. El primero, la propia presencia del símbolo religioso, que puede abrir en el futuro la puerta a la presencia de otras insignias de otros integrismos. El segundo, la prohibición del proselitismo, y con él, de la relación asimétrica que por sí mismo impone el signo religioso. El que inicia una argumentación "en nombre de Alá justo y misericordioso" impide de antemano el. diálogo entre iguales. Un católico puede imponerse en la vida urbana sus rituales y ceremonias; difícilmente aceptará que alguien califique públicamente los mismos de teofagia simbólica o de idolatría. En la propaganda religiosa televisiva habrá espacio para diversos credos, pero no para el ateísmo. Del mismo modo, el chador no es solamente una señal de integrismo que concierne a sus portadoras, sino que implica el llamamiento a usar el velo como mandato divino para todas las creyentes musulmanas que asisten a la escuela francesa. No es una simple tolerancia; es la tolerancia del fanatismo, en un espacio previamente liberado de su presencia, y ello en verdad sólo puede defenderse a partir del complejo de culpa que necesariamente debe afectar a nuestras sociedades en la relación de dominio sobre el mundo extraeuropeo. Es decir, habría que tolerar el chador no por derecho civil alguno, sino porque resultaría hipócrita mantener los principios en ese tema, habiendo abdicado de ellos en lo que concierne a las relaciones fundamentales entre los hombres. Y al pasar a este plano el problema central no es ya el chador, sino la oleada racista suscitada a partir de este debate sobre los símbolos.Por lo demás, Voltaire era bien claro al respecto: "Para que un Gobierno no tenga derecho a castigar los errores de los hombres es necesario que estos errores no sean crímenes; no son crímenes más que cuando perturban a la sociedad; perturban esta sociedad desde el momento en que inspiran el fanatismo; es preciso, pues, que los hombres comiencen por no ser fanáticos para merecer la tolerancia". Y a continuación, entre otros ejemplos, cita precisamente la conveniencia de obligar a los jesuitas a llevar vestido normal, en vez de una sotana. Se trata de verse forzado a ser libre, en lugar de, permanecer como esclavo. Así, excepcionalmente, la intransigencia puede ser una necesidad, precisamente para evitar que el frágil equilibrio de una sociedad tolerante quiebre ante las presiones de los fanatismos, sin que sea válido introducir la coartada usual de los relativismos culturales. Un musulmán que golpea a su mujer puede hacerlo en estricto cumplimiento de los preceptos coránicos, pero si reside en uno de nuestros Estados occidentales es (o debe ser) tan culpable en términos jurídicos como un católico o un ateo que ejerciera tal acción.

El mismo criterio de intransigencia, que sugiere sustituir la aproximación filosófica por un análisis de la pluralidad de factores (sociales, políticos, culturales) que configuran la realidad, podría aplicarse al revuelo, bien diferente en su naturaleza, que nos agita en España en este movido final de 1989, mientras el chador preocupa en Francia y en toda Europa comienzan a despuntar problemas hasta ayer ignorados con el desmoronamiento del comunismo. Me refiero al debate sobre las elecciones anuladas, por lo menos más presente ante la opinión pública que el de la reforma de los planes de estudio universitarios (que también sería buen camino para adentrarse en los entresijos del sistema que vivimos). Las dos tentaciones son, en primer plano, la preocupación inmediata de cuál será el destino de los escaños, con su efecto de dependencia sobre la política gubernamental de grupos de interés hechos partidos, como los insularistas canarios, y a continuación librar al sistema democrático de toda sombra de sospecha. La tolerancia juiciosa llevaría en este caso a conformarse con la entrada en juego de las instituciones del Estado de derecho mediante las discutidas anulaciones y la soñada formación de una comisión investigadora (sobre las irregularidades, dijeron oposición y fieles; sobre el censo, puntualizó a Aznar el presidente). Hablar de corrupción electoral sería hoy tanto como fuera ayer censurar el viaje de Guerra en el Mystère: convertirse en semidemócrata. De suerte que centrar el foco sobre la corrupción es tanto como autodescalificarse para este nuevo fanatismo del poder (y no son presunciones: recordemos los estallidos de ira de su portavoz en el programa televisivo donde se discutió el tema). Ejercer la intolerancia gratuita del demagogo.

Sin embargo es esto lo que importa. Las corrupciones no nacen con las instituciones, sino que van engarzando sobre el tronco en crecimiento de las mismas, a la manera de la hiedra. No se trata de buscar culpables, pero es inútil rehuir la responsabilidad gubernamental en la elaboración del censo y en su comunicación desigual a los partidos. Y tampoco, al hacer balance, cabe olvidar la fuerza con que el PSOE defendió la partenogénesis de sus votos, poniendo por delante la conservación de un escaño frente a la depuración del sistema. Ni las presiones de órganos como la Fiscalía General del Estado o la conducta del presidente del Congreso al buscar la rebaja del quórum, deshaciendo su necesaria imagen de imparcialidad. Por un lado pueden existir excesos verbales; por otro, cada acto positivo incrementa la sensación de culpabilidad. Y así las cosas, lo que cuenta no es el destino de los escaños, sino que una reforma rigurosa de la ley y de los modos electorales evite la repetición de lo sucedido. De mantenerse todo en el juego de descalificaciones y de recursos a tribunales cada vez más altos, la responsabilidad política seguirá correspondiendo al Gobierno, que es el encargado de asegurar la pureza del sufragio, incluso contra los propios intereses de partido. Tampoco en este punto cabe espacio para una transigencia, de la que por lo demás el Ejecutivo y sus portavoces dan pocas muestras. Las dos descalificaciones con que de entrada Felipe González obsequió a sus principales adversarios, Aznar y Anguita, al borde de romper con los usos parlamentarios en el caso de la réplica al segundo, son muestras de qué tipo de relaciones políticas se intenta establecer desde el monopolio parcial (del poder que ejerce el PSOE. Hará falta una fuerte presión desde dentro y fuera del Parlamento para que, desde supuestos estrictamente democráticos, ese poder practique la tolerancia. Y el derecho a la información no manipulada por TVE forma parte de ese respeto. Aquí, como en el caso del chador o la reacción racista, no cabe la pasividad. Ni en términos políticos ni religiosos cabe asumir el imperio de la intolerancia.

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Antonio Elorzaes catedrático de Historia del Pensamiento Político de la universidad Complutense.

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