Bajo la tutela de Pinochet
Aylwin, el presidente electo chileno, deberá sortear la 'camisa de fuerza' legal heredada del régimen
El 11 de marzo de 1990, el general Augusto Pinochet, de 74 años, dejará la presidencia de Chile, pero no el poder. El actual jefe del Estado conservará cuotas significativas de influencia durante la democracia bajo tutela que comenzará el próximo año, pese a los deseos del presidente electo, Patricio Aylwin, y a la derrota que sufrió el pinochetismo en las urnas. Una compleja y articulada malla de restricciones legales comenzó a envolver a las futuras autoridades a una semana de un triunfo electoral que llevará a Aylwin a la presidencia, con el 55% de los votos.
La primera paradoja fue electoral. El candidato a senador Ricardo Lagos, con 400.000 votos, la tercera mayoría, individual en Chile, perdió el escaño frente a Jaime Guzmán, un pinochetista acérrimo que consiguió 224.000 votos. Un sistema, electoral inédito en Chile, destinado a proteger a la derecha, obligaba a los aylwinistas a duplicar sus oponentes para obtener los dos escaños en disputa en cada distrito.Pese a tener el 55% de los votos y una mayoría de 71 diputados contra 49, en el Senado los partidarios de Aylwin serán, minoría. El Consejo de Seguridad Nacional designó a cuatro militares como senadores, entre ellos el general Santiago Sinclair, el representante de Pinochet en la Junta de Gobierno. Pinochet, personalmente, nombró a otros dos senadores: el ex ministro de Interior Sergio Fernández, que firmó la mayoría de los decretos para exiliar a los opositores, y el ex rector William Thayer. La Corte Suprema, obsecuente durante años al régimen militar y muchas veces ciega para hacer justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos, designará otros tres senadores más.
En total serán nueve deisgnados para alterar la opinión de las urnas y defender la legalidad del régimen. De una ventaja de 22 senadores electos contra 16, los partidos que apoyan a Aylwin terminarán como una minoría de 22 contra 25 en el Senado. Ningún proyecto de ley será aprobado si una parte de la derecha no le da su visto bueno.
A la moderación natural de Aylwin, la realidad parlamentaría añadirá una cuota adicional en el diseño de la transición en Chile, con un gobierno que tendrá drásticamente limitado su margen de maniobra. El senador electo Sergio Onofre Jarpa, líder de la derecha renovada, con quien tarde o temprano deberá negociar la oposición para poder gobernar, manifestó su acuerdo con la designación de senadores, porque "aportan experiencia al Parlamento". Jarpa está dispuesto a suprimir los senadores designados, pero en 1994, cuando finalice el Gobierno de Aylwin.
Sólo en un área, la derecha ha otorgado por anticipado su consenso a la nueva Administración: la democratización de los municipios, para que los alcaldes sean electos. Durante los 16 años de gobierno militar los alcaldes fueron, designados por Pinochet.
El poder militar
El presidente electo estará, atado de manos para lograr el pase a retiro del general Pinochet, quien en la cita entre ambos le reiteró que seguirá como jefe del poderoso Ejército chileno. La derecha apoya esta pretensión. Pinochet, además, será uno de los cuatro militares dentro del Consejo de Seguridad Nacional, con ocho miembros. Este consejo tendrá la atribución de "hacer presente" al próximo Gobierno su opinión cuando crea que la institucionalidad peligra. Una ley sobre las Fuerzas Armadas, actualmente en estudio en la Junta, proyecta aumentar la independencia del poder militar frente al civil. Establece que el Gobierno no podrá disminuir el presupuesto de subsecretarías de Defensa y de los edecanes del presidente en manos de las Fuerzas Armadas.
En materia económica, los espacios de acción de Aylwin serán también escasos. Para aumentar los espacios, como proyecta, tendrá que convencer al menos a una parte de la derecha, aunque ésta se opone categóricamente al alza de tributos. La controvertida autonomía del Banco Central, que en Chile tiene más atribuciones que en otros países, limitará a la acción gubernamental. Un proyecto de ley que ahora estudia la Junta dejará a la principal empresa chilena, la estatal Codelco, que explota el cobre, con un directorio autónomo del próximo Gobierno.
Una parte importante del poder económico estatal fue transferido por el régimen a través de la privatización de empresas en su último año de gobierno. La nueva Administración heredará un consejo de televisión, que norma a este sector, formado por partidarios de Pinochet. Otra ley en estudio privatiza parcialmente el Banco del Estado, el mayor de Chile.
Los políticos coinciden, sin embargo, que en el campo donde será más difícil actuar para el futuro Gobierno es en conseguir justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los primeros años del régimen. La ley de Amnistía de 1978, que promulgó el entonces ministro de Interior y actual senador designado Sergio Fernández, parece ahora inamovible en el Congreso, a pesar que la coalición de gobierno de Aylwin quiere derogarla: la derecha se ha opuesto a reformar esta legislación. Además, el propio Pinochet advirtió que "el día que toquen a alguno de mis hombres se acaba el Estado de Derecho".
Hay, en cambio, consenso en todos los partidos con representación parlamentaria sobre que las violaciones a los derechos humanos cometidas con posterioridad a 1978 deben ser juzgadas por los tribunales. Pero el Gobierno militar, antes que expirara su mandato, logró reemplazar parte de la Corte Suprema, designando nuevos jueces en reemplazo de los que aceptaron retirarse por el beneficio de una jubilación generosa.
Para desatar la camisa de fuerza que Pinochet colocó al Gobierno electo, Aylwin. buscará nuevos acuerdos con la derecha renovada, como el plebiscitado en julio para modificar una Constitución que antes era más rígida. Las trampas tendidas por el régimen no le han dejado otra opción al próximo presidente que alcanzar amplios consensos.
La estrategia de Aylwin será. sometida a prueba con las últimas leyes que estudia, la junta. En la reunión entre Pinochet y, Aylwin acordaron que comisiones técnicas busquen acuerdos en las leyes sobre las que hay divergencias. Entretanto, Aylwin deberá evitar quiebras en su coalición, el desencanto de la izquierda y el desborde de las demandas sociales contenidas, son los desafíos de una transición a la democracia en la cual quienes se van desean conservar el mayor poder posible.
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