Decenas de militares y civiles, implicados en una ampliar red de venta ilegal de bienes del Ejército

Varias decenas de militares, y en menor medida civiles, están implicados en una red de venta ilegal de prendas y, otros bienes del Ejército, con centro en Fuenlabrada (Madrid) y ramificaciones en numerosos puntos de España, según fuentes castrenses. Los únicos detenidos hasta ahora -cuatro tenientes, seis suboficiales y dos civiles- han sido puestos en libertad condicional. Un comandante murió, el martes en Burgos, aparentemente por suicidio, poco antes de que la policía le tomara declaración sobre el caso.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 1987, a raíz de que se interceptara una furgoneta, cargada con prendas del Ejército, cuando abandonaba el parque de intendencia de Sevilla, sin que los ocupantes del vehículo pudieran justificar su traslado. Las pesquisas ordenadas de inmediato por las autoridades militares y las posteriores averiguaciones de la Policía, llevaron hasta un gran almacén regentado por civiles y ubicado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en el que se requisaron grandes cantidades de prendas y otros bienes del Ejército, casi sin estrenar.El citado almacén, según las fuentes consultadas, era el centro de una extensa red, con ramificaciones en numerosas unidades de distintos puntos de España, que se dedicaba a la venta ilegal de bienes previamente sustraídos al Ejército. Aunque en principio se pensaba que las ropas y demás útiles se revendían en el mercado callejero cle El Rastro, en Madrid, las hipótesis que actualmente parece más probable apunta hacia la venta del material en el extranjero, concretamente en algunos países sudamericanos.

El seguimiento de los clientes del almacén de Fuenlabrada, al que los implicados llevaban los bienes sustraidos para su posterior comercialización, permitió detectar graves irregularidades en distintos servicios militares de intendencia. Como consecuencia del sumario abierto por el juzgado togado militar número 14 de Madrid, se dictó auto de prisión contra 10 personas, dos civiles y diez militares -cuatro tenientes y seis suboficiales-, que recientemente han sido puestas en libertad condicional.

Las diligencias continúan, por lo que medios próximos a la investigación no descartan nuevos procesamientos y detenciones, entre civiles y militares de distintas graduación, incluido algún mando. Las investigaciones no se limitan a Madrid, sino que extienden a otras regiones militares, como demuestra el hecho de que el comandante de Intendencia José Rivera Rodríguez, destinado en Burgos, apareciera muerto el martes, con un tiro en la boca, aparenterriente disparado por él mismo, poco antes de que se le tomara declaración.

Uno de los factores que está demorando la investigación es la falta de un organismo que coordine las diligencias abiertas por jueces distintos. El juzgado número 14 de la capital limita sus actuaciones a los hechos acaecidos dentro de su demarcación (Madrid y seis provincias próximas), mientras que las diligencias de Burgos corresponden al Juzgado 45, con sede en dicha ciudad.

El Cuartel General del Ejercito de Tierra y el Ministerio de Defensa mantienen un mutismo casi absoluto sobre el caso, con el argumento de que la investigación aún no ha concluido, a pesar de que el sumario abierto en la capital no ha sido declarado secreto. Defensa se limitó, hace un mes, a informar de la detención de "entre siete y diez personas, tanto civiles como militares". El Código Penal Militar castiga la sustraeción de bienes castrenses con penas de tres meses a dos años de cárcel, que pueden llegar hasta los ocho a 10 años, en casos de "especial gravedad". Penas similares se aplican a quienes adquieran estos bienes, conociendo su procedencia llícita

Denuncias en Jaca

Por otro lado, más de medio centenar de rnandos intermedios del Ejército, que prestan servicio en Jaca (Huesca), han presentado, a título individual, una querella criminal contra la asociación de vecinos de esa localidad, por haber acusado a los militares de ser los presuntos autores de los delitos sexuales ocurridos en los últimos tiempos, informa Javier Ortega. El pasado miércoles ingresó en la prisión de Huesca el soldado J. M. J. M., acusado de la violación de una joven de 13 años.

La asociación de vecinos informó en un comunicado que en los últimos tres años se han producido siete violaciones en Jaca, "rnás las que no se denuncian", y apuntaba como posibles responsables a miembros del Ejército. En febrero, un sargento fue juzgado y condenado a 32 años de cárcel como autor de la violación de una joven ocurrida en 1986. La asociación ha denunciado "la situación de inseguridad para la población femenina que se vive en Jaca".

La presentación de querellas, que va en aumento, por parte de oficiales y suboficlales, ha provocado otro escrito de la asociación de vecinos, en el que precisa que "en ningún caso" pretendió generalizar en las acusaciones "a la totalidad de las Fuerzas Armadas".

Se calcula que en Jaca hay unos 3.000 soldados cumpliendo el servicio militar, en torno al 20% de la población. El alcalde, Armando Abadía, del PP, calificó de "irresponsable" el escrito de la asociación de vecinos e instó al Ejército a que tome medidas para "defender su buen nombre".