Diálogo social

LOS DIRIGENTES de los sindicatos y de la patronal han iniciado, sin participación gubernamental, un nuevo proceso de diálogo social, con la prudencia lógica tras cinco años de desencuentros, iniciados pocos meses después de haberse firmado el Acuerdo Económico y Social (AES) y sin que hubiera concluido la vigencia de ese pacto, suscrito también en 1984 por el primer Gobierno de Felipe González. Simultáneamente, los secretarios generales de UGT y de CC OO han anunciado su intención de emplazar al presidente del Gobierno a iniciar el diálogo social que prometió en su discurso de investidura. El hecho de que Felipe González haya confirmado a todos sus ministros, incluyendo los que forman el equipo económico que encabeza Carlos Solchaga, elimina la posibilidad de iniciar el diálogo pendiente con la victoria moral que para las centrales habría supuesto su sustitución. Una victoria que, paradójicamente, pondría en una situación de debilidad tal a la otra parte que habría imposibilitado el consenso. En resumen, la concertación social tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas de los protagonistas; coyunturas de extrema fortaleza o de extrema endeblez impiden los pactos.La exigencia implícita planteada al respecto por CC OO y UGT, al no poder aplicarse por la ratificación del equipo económico, dificulta conocer si la actual táctica sindical de negociar acuerdos parciales es parte de una estrategia planificada o camino inevitable al no ser posible en la práctica discutir globalmente las líneas maestras de la política económica. La dinámica de acuerdos concretos, sectoriales, es la que se está ensayando en las negociaciones con el Gobierno regional de Madrid y en las conversaciones iniciadas con la patronal CEOE, con la Plataforma sindical prioritaria (PSP) como guión.

La fijación de unos objetivos menos ambiciosos que en otros años, y sin duda más fáciles de alcanzar y cumplir, es uno de los rasgos distintivos de la nueva etapa. Se quiere discutir en cada ámbito las cuestiones que le son propias, sin interferir en las negociaciones de las empresas y de los sectores, y empezando por los problemas más fáciles. De momento se van a debatir los seis puntos propuestos por los sindicatos: estabilidad en el empleo, reparto del trabajo existente, formación profesional, salud laboral, aumento de la participación de los trabajadores y de sus representantes en las empresas, y resolución pactada de los conflictos laborales individuales y colectivos. Se trata de reformas estructurales, no incluidas tradicionalmente en la negociación colectiva y que hace tiempo fueron aplicadas en otros países de la Comunidad Europea. Los órganos directivos de la patronal CEOE deben decidir ahora qué otras cuestiones quieren abordar y si respaldan la idea inicial de sus dirigentes, que consiste en recuperar el diálogo social mediante un método distinto al utilizado en los acuerdos interconfederales clásicos, que abarcaban todas las materias de los convenios colectivos y posteriormente se aplicaban en los centros de trabajo por puro mimetismo.

La voluntad de diálogo expresada por el presidente de la patronal, José María Cuevas, que se ha mostrado partidario de imprimir un giro a favor de unas relaciones más fluidas con las centrales, se pondrá a prueba con la inclusión o no en el temario de cuestiones que los sindicatos han considerado innegociables, como la flexibilidad laboral o mayores facilidades para el despido.

La formación del nuevo Gobierno de la nación justificaba los silencios y dilaciones, pero tras la decisión de renovar en pleno al anterior equipo económico, Felipe González debe aclarar si desea intervenir en un proceso de concertación social -como demandan los agentes sociales- o se va a inhibir de tal planteamiento. Las experiencias de años anteriores, en los que las tensiones sociales se han visto notable e inútilmente amplificadas -especialmente en el sector público- a causa de la falta de un pacto, deben hacer reflexionar al máximo responsable de la política económica española. En definitiva, lo que diferencia sustancialmente una política macroeconómica progresista de otra conservadora es la capacidad de la primera de pactar la austeridad (o la abundancia) con los agentes sociales.