Elecciones en Murcia

LA IMPUGNACIÓN de los resultados electorales en Murcia y la decisión de los cargos electos de Herri Batasuna de acudir al Parlamento se han unido para que los imprevistos y algunas tensiones planeen sobre el debate de investidura de Felipe González como presidente del Gobierno que comenzará el lunes en el Congreso de los Diputados.La incógnita que ha pesado hasta ayer mismo sobre la asignación definitiva del noveno escaño de diputado de Murcia ha sido finalmente despejada de la manera más sensata -repitiendo las elecciones-, pero en el intervalo ha obligado al partido gobernante a moverse en busca de los apoyos necesarios para asegurar a su candidato la confianza, parlamentaria por mayoría absoluta. Por otra parte, el tira y afloja rnantenido sobre la fórmula de acatamiento de la Constitución pretendida por HB y los problemas legales que plantea la elección como diputado de un preso acusado de colaborar con ETA han enrarecido el clima moderadamente esperanzador creado por el anuncio de la coalición nacionalista radical de participar por primera vez en la institución parlamentaria.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de anular los resultados electorales en esta circunscripción y de proceder a la celebración de nuevos comicios en el plazo de tres meses es jurídicamente la más acertada y la que mejor respeta la voluntad de los electores. El no cómputo de más de 20 mesas decidido por la Junta Electoral Provincial por detectarse en ellas más votos que votantes no sólo es discutible desde el punto de vista de la legalidad formal (es dudoso que los términos votante y elector sean legalmente intercambiables), sino también por la extralimitación que una actuación así puede suponer en las funciones atribuidas a las juntas. La tarea fundamental de éstas es la de verificar el recuento y la suma de votos, y sólo excepcionalmente, y en los casos especificados de modo claro, la de anular actas y votos. Pero es que además, al ser los votos no computados en Murcia determinantes del resultado global, su nulidad producía un efecto añadido de indudable trascendencia política: frustrar la voluntad popular de los miles de electores que habían depositado su voto en las mesas declaradas nulas.

Ahora bien, las irregularidades detectadas no pueden, ser simplemente ignoradas, legitimando así a posteriori eventuales fraudes. Existen denuncias concretas de doble voto por parte de algunos apoderados socialistas que los tribunales tienen que dilucidar y, en su caso, sancionar penalmente. Entre la injusticia que supondría anular más de 10.000 votos legítimos y la que implicaría aceptar irregularidades de distinta naturaleza, a los jueces no les quedaba otra solución que repetir la votación, lo que, según la ley, deberá producirse en toda la circunscripción.

La nueva cita electoral de Murcia no impide el normal funcionamiento del Parlamento, aunque la nulidad de las actas de los nueve diputados murcianos incidirá, y no poco, en el desarrollo de la actividad parlamentaria entre tanto se procede a la nueva elección. Por lo pronto, los socialistas han pasado de un incómodo empate en la Cámara a una mayoría absoluta justa (171 de 341 escaños) pero suficiente para investir por tercera vez a Felipe González como presidente del Gobierno sin acudir a los votos de otras formaciones.

Si la incógnita murciana ha sido despejada por el momento, no ocurre lo mismo con la anunciada presencia de los diputados de HB en la sesión del lunes. Los partidos tienen razón cuando expresan su rechazo al afán de HB de singularizar su presencia en las instituciones con procedimientos que no respetan las reglas del juego democrático, pero es más que dudoso que ése sea el caso del añadido "por imperativo legal" que pretenden agregar los diputados de HB a la fórmula de acatamiento constitucional. La importancia de lo que está en juego hubiera aconsejado quizá mayor flexibilidad respecto de una fórmula que hasta ayer mismo no chocaba con el reglamento del Congreso y dejar para un momento posterior de la nueva legislatura la decisión de hacer obligatoria o no una determinada y concreta fórmula de acatamiento.