Anchuras, bajo secreto

LOS ARRENDATARIOS de la finca El Rosalejo, en la localidad de Anchuras, pugnan sin éxito desde hace año y medio por enterarse de las razones que indujeron al Ministerio de Defensa a decidirse por las tierras que trabajan para instalar en ellas un po lígono de tiro del Ejército del Aire. Pues bien, una reivindicación tan elemental tiene los visos de quedar definitivamente desatendida ante la decisión del Gobierno de enarbolar frente al legítimo derecho de defensa de unos ciudadanos expropiados la recurrente razón de Estado, agazapada bajo el secreto oficial.Que el Gobierno se niegue a informar a los ciudadanos de las decisiones que les afectan es una práctica incompatible con una concepción democrática del ejercicio del poder. Pero que la negativa se produzca en el marco de un proceso judicial en el que se dirimen la legalidad de la decisión gubernamental y los legítimos derechos de las partes afectadas supone un ataque a las reglas básicas del derecho y, por ende, el fortalecimiento de un peligroso núcleo de poder ejecutivo autónomo que decide en el secreto y que no da cuenta de sus decisiones, aunque éstas afecten a los derechos de las personas.

No se discute, desde luego, la facultad legal que asiste al Gobierno para expropiar por razones de interés público los terrenos que estime apropiados para la instalación de un polígono de tiro, aunque la decisión sea políticamente discutible. Pero a los ciudadanos que soportan la gravosa carga de la expropiación no se les puede negar su derecho a defenderse, a contrastar ante un tribunal de justicia la legalidad del acto ejercido sobre ellos y a cuantificar en sus justos términos las indemnizaciones que les correspondan. Todo ello queda en entredicho con la denegación al Tribunal Supremo, que debe resolver el contencioso interpuesto por los vecinos afectados de Anchuras, del expediente oficial sobre la expropiación de sus terrenos.

Si la indefensión en que quedan unos ciudadanos afectados por una decisión político-administrativa es grave, no lo es menos la situación desairada en que queda el Tribunal Supremo, al que la decisión del Gobierno impide ejercer la potestad jurisdiccional que le atribuye la Constitución. Como en el caso Amedo, la alegación por parte del Gobierno del secreto oficial en la expropiación de los terrenos de Anchuras supone una interpretación abusiva de una facultad de carácter restrictivo -reservarse para sí durante un tiempo determinado el conocimiento de una información por razones de interés de Estado-, que en ningún caso puede convertirse en obstáculo para las tareas de control del Parlamento y para la actividad jurisdiccional de los tribunales en averigyación del delito o para la resolución de conflictos de intereses entre los poderes públicos y los ciudadanos.

Hace algunos meses, el Gobierno anunció su intención de elaborar una especie de ley del Gobierno, en virtud de la cual algunas áreas de actuación del Ejecutivo escaparían a la aplicación de los códigos ordinarios que rigen para la generalidad de los ciudadanos. Pues bien, tal ley se ha hecho innecesaria mediante el recurso combinado al secreto oficial, tras el que inmoderadamente se escudan gobemantes y burócratas, y a la cerrazón informativa de la que diariamente hacen gala los centros de poderpolítico y administrativo..