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Votar para que gane el colegio

Ana Palacio

Mañana, los abogados de Madrid eligen junta de gobierno. Parece que la gran cuestión que se plantea, cuyo diferente enfoque y alcance habrían de determinar la candidatura ganadora, es la reforma estatutaria.

Sin cuestionar la indudable importancia de la normativa interna colegial, entiendo -y confío en que el fallo de las urnas confirme que una mayoría de compañeros y compañeras comparten un planteamiento afín en cuanto a los problemas reales del colegio y su orden de prioridades- que, del reto que todo mandato democrático entraña, en el que conferirá el colectivo colegial al equipo vencedor destacan dos focos de atención preferente, bien distantes de la autonormación: la administración de justicia y los colegiados de reciente incorporación.Capacidad, por una parte, de afrontar con eficacia la defensa inmediata de los colegiados (mediatamente de toda comunidad) frente a una administración de justicia caótica, generadora de inseguridad jurídica, hoy por hoy en crecimiento exponencial, que entraña el riesgo de convertir las garantías constitucionales definidoras del Estado de derecho en meras declaraciones programáticas y afecta, por ende, a la sociedad entera, a la par que connota el ejercicio diario de la profesión de abogado de heroicidad y sordidez en partes iguales.

Capacidad, por otra parte, de apoyar, de facilitar la incorporación real de las nuevas promociones al ejercicio de la profesión, no sólo paliando las deficiencias de formación práctica que caracterizan -salvo excepciones- los actuales estudios de licenciatura en Derecho, sino complementando además las redes de relación imprescindibles para el desenvolvimiento -aún embrionario- de la actividad del abogado.

A partir de estos presupuestos me incorporé -como candidata al cargo de diputado noveno- a la lista de Pedrol.

Queda la anécdota personal; mi primera entrevista, cuando mi nominación no pasaba de ser una mera posibilidad y yo regresaba de una, por habitual no menos desalentadora, infructuosa visita ea determinado juzgado de la plaza de Castilla, del que, ante el ingente número de expedientes atrasados, en los últimos dos años han huido varios jueces titulares -el último, por el momento, sólo ha pedido una baja temporal- y en el que la secretaria, llena de buena voluntad y al borde de la crisis nerviosa, me había expuesto, sin convicción alguna, la enésima explicación de por qué no prosperaba el sencillo trámite de mi interés que, pendiente desde hace meses, tiene paralizada la división horizontal de un bloque de viviendas, con los consiguientes perjuicios para un gran número de familias.

Mi interlocutor, a la par que insistía en el compromiso que adquiriría, caso de aceptar, de dedicar un número importante de horas de trabajo al colegio, contestó con una tajante "prioridad absoluta" a mi pregunta sobre el programa de la candidatura en materia de administración de justicia. Respecto de las nuevas promociones, me informó de la próxima disponibilidad de los recursos económicos destinados hasta ahora a la compra y acondicionamiento de la sede del colegio en la calle de Serrano, que ha puesto fin al peregrinar, siempre de prestado, desde un convento, en su fundación, en 1956, hasta su última ubicación en estrechas dependencias del Palacio de Justicia; y a partir de aquella, me esbozó un programa de becas, cursos, subvenciones y ayudas en general dirigido a quienes se incorporan a la profesión; programa ambicioso y ajustado a la realidad gracias a la experiencia obtenida en anteriores iniciativas colegiales.

Desde otro punto de vista, Pedrol representaba, con una larga Esta de triunfos en contiendas de similares características, y pese al inevitable desgaste de 16 años al frente del colegio, una buena apuesta en términos absolutos, y la mejor, sin duda, en términos relativos, para abanderar una vez más la causa de la sociedad contra el Estado. En cuanto al resto de los integrantes de la candidatura, conocía de varios de ellos tanto su capacidad de trabajo como su buen hacer, por haber coincidido en asuntos profesionales, ya como oponentes, ya en colaboración.

Hoy, tras la lectura de las tres circulares programáticas emitidas bajo el lema "Si vota usted, ganamos" por la única candidatura adversa que se dibuja en los sondeos con posibilidades de triunfo, y después de haber seguido de cerca el desarrollo de la campaña en los medios de comunicación, me reafirmó en mi apuesta.

"Nuevo espacio colegial" _

De las referidas misivas programáticas destaca en primer lugar la vaguedad y naturaleza retórica de todas las propuestas que no se refieren al proceso reformador que se define enfáticamente como constituyente.

Mientras a las letradas se nos "invita", en carta especial, a "crear un nuevo espacio colegial" en el que "compartir" con la junta "nuestros problemas e iniciativas", otra, dirigida a "los jóvenes abogados", proclama que "un colegio profesional ha de saber captar las ondas nuevas que predominan en el ambiente".

El contexto de estas hueras afirmaciones se construye sobre la contraposición de dos grupos de categorías: lo positivo, lo deseable -nuevo, renovación, modernidad, participación, abierto, democrático- se predica de la candidatura autora de los panfletos; paralelamente, fluyen con idéntica machaconería las asociaciones negativas, tanto respecto de la junta anterior como de la actual candidatura encabezada por Pedrol, y muy en particular de éste: viejo, inercia, inmovilismo, cerrado, corporativista, antidemocrático. Esta carencia de objetividad y mesura en la utilización de tan burdo procedimiento de desmerecimiento del contrario, característico de contiendas políticas en clave demagógica, que en sí ya bordea los más laxos límites de la buena fe, se ha visto potenciada por determinadas declaraciones del señor Jiménez de Parga a diferentes medios de comunicación: comparación con Pinochet, etcétera. Así pues, con expresiones que reflejan -y hasta en algún caso reproducen literalmente- las utilizadas por el PSOE en las elecciones de 1979 y 1982, se asocia a Pedrol con la dictadura anterior y se pide del colegiado el voto por el "cambio".

Marco normativo

En cuanto al repetido hasta la saciedad "carácter constituyente", un catedrático de Derecho Político no puede desconocer que un proceso reformador así calificado cobra una naturaleza diferente, al presuponer la subversión de los principios, de las normas que sustentaban el ordenamiento -en el sentido acuñado por Santi Romano- a cuya crisis pone fin. Cabe predicar carácter constuyente de la reforma estatutaria acometida por las cajas de ahorro tras la publicación de la Ley 31/1985 y normas autonómicas, que significó una auténtica revolución de la regulación general del gobierno de estas instituciones. En el caso que nos ocupa, por el contrario, no se ha producido modificación alguna del marco normativo de los colegios profesionales que justifique otra cosa que un mero proceso de reforma estatutaria (y este carácter tienen, pese a su pomposa adjetivación, las propuestas programáticas 2, 4, 10, 12, 13, 14 y 15, así como las 7 y 8, estas dos con matices). Y en este punto del razonamiento, la memoria no puede dejar de asociar algunos pronunciamientos del programa que nos ocupa (puntos 5 y 6, en particular) con el abortado intento, por parte del mismo partido político hoy en el Gobierno de la nación -sobre cuyas afinidades con la candidatura que nos ocupa, caben pocas dudas-, de reformar, en 1983, la normativa general de colegios profesionales; proyecto combatido por el colectivo afectado, en el que destacó, sin lugar a dudas, la eficaz intervención de Antonio Pedrol. Cabe, pues, la razonable inquietud de que la candidatura que proclama, con tanto énfasis como carencia de fundamento jurídico, el carácter constituyente de su mando se revelase, en el caso de que los votos le abrieran las puertas del colegio, como un caballo de Troya, significando el comienzo de la transformación de estas corporaciones en dóciles apéndices del poder público.

Pues la eficacia de la labor de la junta de gobierno, en particular en el prioritario problema de la administración de justicia, será, en última instancia, proporcional al respaldo numérico que arrojen las urnas, y para que, so capa de reforma estatutaria de carácter anunciadamente constituyente, no se cercene su independencia es preciso acudir a votar el día 30, a votar para que gane el colegio.

es abogada, y forma parte de la candidatura de Pedrol Ríus al Colegio de Abogados de Madrid.

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