Vandellòs estremece

LA PUBLICACIÓN del informe elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre el incendio desencadenado el día 19 de octubre pasado en la zona de turbinas de Vandellòs 1, en Tarragona, ha coincidido con importantes manifestaciones de los habitantes de la zona y otra más multitudinaria en Barcelona exigiendo el cierre de esta central nuclear. Si a raíz del accidente los argumentos que hacían aconsejable la clausura de esta central nuclear eran aceptables, ahora, tras conocer el dictamen del CSN sobre la indudable gravedad del suceso y la conducta irresponsable de la empresa, se refuerzan, si cabe, aún más.El riesgo de un segundo Chernobil en suelo espaflol no ha sido una fantasía alimentada por el ancestral temor de las poblaciones a la amenaza nuclear, sino que ha estado, y de manera bien real, en el fondo y en la forma de los hechos desarrollados en la noche del 19 de octubre en Vandellòs 1. Sobre el fondo, el informe del CSN no puede ser más estremecedor: el incendio afectó a diferentes sistemas importantes para la seguridad y, aunque en ningún momento se produjo contaminación radiactiva de zonas ni de personas, poco faltó para que los niveles de presión y la temperatura alcanzados en el reactor nuclear produjeran un fuerte escape de gas altamente radiactivo a la atmósfera. Y para que no quede duda de ello el informe apostilla que la única frontera que quedaba entre el exterior del reactor y el gas liberado era la nave principal de la central, un edificio de características convencionales.

Si el accidente fue grave, la respuesta para prevenirlo o reducir su riesgo y, una vez producido, evitar sus terribles consecuencias pasará a la historia por su alto grado de incuria y de irresponsabilidad. El informe del CSN avisa que la dirección de la central no hizo nada de lo obligado para estos supuestos de alto riesgo: el plan de emergencia interior de la central no fue aplicado en momento alguno; el incidente no fue declarado como una emergencia, no se categorizó ni se envío documentación escrita en la forma preestablecida; y las consecuencias fueron que, activado el plan de emergencia nuclear de Tarragona por el Gobierno Civil, no se dispuso en las primeras horas del incidente de la información necesaria para la puesta en marcha de las medidas de dicho plan. En aquellos momentos sólo parece que estuvieron a la altura de las circunstancias el ingenio y la imaginación de los trabajadores de la central nuclear, que, según reconocieron los portavoces del CSN pocos días después del accidente, "fueron vitales para evitar males mayores".

Además, el informe admite también otro extremo que agrava todavía más la conducta de la dirección de la central de Vandellòs 1 y que, paralelamente, deja en mal lugar al propio Consejo de Seguridad Nuclear en lo que se refiere a sus funciones de vigilancia: el incumplimiento por parte de la central nuclear de dos de las medidas requeridas en 1986 por el CSN como consecuencia de la castástrofe de Chernobil. Si estas medidas -mejora de los sistemas de protección contra incendios y de refrigeración- hubieran sido implantadas en su momento, el informe no duda en reconocer que "la evolución del incidente hubiera supuesto un riesgo más bajo". Con estos mimbres, el cesto de medidas que el CSN propone adoptar al Ministerio de Industria y Energía son obligadas y elementales: permanencia de la situación de parada de la central, anulación del actual permiso de explotación y la sustitución, en su caso, por otro que recoga las costosas modificaciones derivadas de las exigencias de seguridad puestas en evidencia por el accidente.

Más allá de la polémica que alimenta el uso civil de la energía nuclear, lo que está fuera de discusión es que si una central nuclear no reúne las condiciones de seguridad exigidas debe ser cerrada de inmediato. Y si ha existido incumplimiento reiterado de tales condiciones con grave riesgo para la vida y la salud de los cuidadanos, no basta con que las sanciones sean exclusivamente administrativas; es posible que existan también responsabilidades penales y civiles que deben ser investigadas y depuradas de modo urgente.