Estupor e indignación en la Audiencia Nacional por la petición fiscal de archivar el 'caso Fidecaya'

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eladio Escusol, ha solicitado el archivo del sumario de Fidecaya por considerar que no existe delito alguno. El hecho ha causado estupor e indignación entre algunos magistrados y fiscales de la Audiencia y abogados que han seguido el proceso, varios de los cuales han precisado que no conocen ningún otro caso en el que el fiscal haya pedido el sobreseimiento de una causa promovida por su antecesor a instancias del Ejecutivo. El procedimiento, por presuntas estafas financiero-inmobiliarias que superaron los 1.800 millones de pesetas, se inició a principios de 1982, precisamente a raíz de la querella presentada por el entonces fiscal jefe de la Audiencia, al que el Gobierno había remitido la documentación del caso.

Fidecaya, entidad de ahorro particular, tenía en agosto de 1981, cuando se percibieron las irregularidades en la sociedad, 240.000 pequeños depositantes, un pasivo próximo a los 16.000 millones, empleaba a 600 personas y contaba con más de 5.400 delegados repartidos en unas 350 oficinas.La crisis de la financiera suponía que los cedulistas se quedaran sin sus ahorros, pero el Estado garantizó los depósitos. El acuerdo del Consejo de Ministros por el que la Administración avalaba los depósitos en Fidecaya señalaba que la entidad tenía pérdidas superiores a la mitad de su capital suscrito, había aplicado a sus operaciones condiciones distintas a las aprobadas por el Ministerio de Hacienda, carecía de tesorería y no era capaz de cumplir sus obligaciones.

Con estas premisas, el fiscal de la Audiencia Nacional promovió la investigación de las irregularidades de Fidecaya.

Estafa y falsedades

El inspector general de Seguros, Juan Aldaz Isanta, y los tres últimos propietarios de la entidad de ahorro -Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco y Edmundo Alfaro Villén- fueron procesados. En los autos de procesamiento dictados por el juez el 13 de abril de 1982 y el 31 de diciembre de 1984, se consideraba que los hechos revestían las características de delitos de estafa, falsedades en documento mercantil y documento privado e intento de apropiación indebida.El procesamiento del último propietario de la financiera, Edmundo Alfáro, fue revocado por el juez Ricardo Varón Cobos, quien sustituyó por un mes al titular del juzgado, Francisco Castro. En ese mismo período, Varón, además de levantar el procesamiento de Alfaro, dejó en libertad al jefe de la Camorra napolitana, Antonio Bardellino, lo que originó un proceso en su contra del que fue absuelto por sus compañeros de: carrera en medio de lana gran polémica.

Alfaro, sin embargo, fue procesado nuevamente. La fiscal Carmen Tagle, asesinada recientemente por ETA, no se conformé, can la decisión de Varón Cobos e interesó nuevas medidas contra Alfaro. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia ordenó al juez Baltasar Garzón, que acababa de hacerse cargo del juzgado, que procesase al empresario, como así hizo.

Todos los procesados se encuentran en libertad provisional.

A prinicipios de enero de 1984, el juez fijó en 10 millones de pesetas le.s fianzas que debían depositar Miguel Soriano Carrasco -primer propietario de Fidecaya- y el inspector general de Seguros, Juan Aldaz Isanta, para eludir la prisión. Manuel Grau Villa -testaferro de Ruiz-Mateos en diversas operaciones financieras- tuvo que depositar ocho millones de pesetas, mientras que Edinundo Alfaro constituyó una fianza de cuatro millones.

El fiscal Eladio Escusol no pudo, ser localizado por este periódico, pero el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, manifestó que su subordinado le había comunicado la decisión de pedir el archivo del caso Fidecaya porque técnicamente no podía construir una acusación. Moscoso añadió que el único perjudicado es el Estado, que se hizo cargo de las deudas, pero que no está personado en el proceso.

Escusol y el 'caso Amedo'

Eladio Escusol ha adquirido notoriedad recientemente debido a su espectacular cambio de actitud en la acusación de los procesos contra los GAL. Escusol se ha desentendido desde el pasado mes de abril de las investigaciones que impilican a los policías José Amedo y Michel Domínguez. El fiscal jefe se ha hecho cargo personalmente del caso Amedo, tras apartar a su sobordinado Ignacio Gordillo, quien se negó a seguir sus instrucciones de no oponej-se a la libertad de los agentes procesados.Ya entonces, en medios jurídicos se precisaba que Escusol había olvidado el papel que al fiscal se le atribuye en la Constitución. El artículo 1,24 de nuestra Carta Magna dice textualmente: "El ministerio fiscal ( ... ) tiene por, misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y, del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la- independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfácción del interés social".