El salvajismo humano

EL INFORME que Amnistía Internacional ha publicado en fecha reciente es un. recordatorio dramático de que, a pesar de ciertos progresos hechos durante 1988, la violación de los derechos humanos sigue siendo la práctica habitual de los Gobiernos en gran parte del mundo. Con una objetividad ampliamente reconocida, Amnistía prosigue su labor constante de investigación y denuncia que se plasma cada año en los exhaustivos informes en los que se pasa revista a la situación mundial en materia de respeto a la vida y libertad de los hombres.Las cifras de este informe son aterradoras: en el curso de 1988 decenas de miles de personas (entre 50.000 y 100.000) han sido muertas por métodos extrajudiciales, es decir, violando las leyes, pero con la complicidad de los Gobiernos o incluso en aplicación de sus órdenes. En 35 países han tenido lugar ejecuciones legales, en aplicación de sentencias dictadas por los tribunales. En más de la mitad de los países de la Tierra se han cometido torturas o malos tratos a los prisioneros. El informe se refiere también a casos de matanzas masivas llevadas a cabo en el marco de guerras civiles o conflictos étnicos, como en el caso de los kurdos en Irak. Como cada año, las acusaciones contra el Gobierno surafricano son particularmente duras: 117 ejecuciones en 1988 y 32.500 detenidos por motivos políticos -de ellos, 9.800 de menos de 18 años- en los últimos dos años. Sobre la represión en China contra el movimiento estudiantil, Amnistía Internacional da la cifra de cerca de: 1.000 muertos y de 4.000 a 10.000 detenidos. Por otra parte, el informe denuncia los casos de aplicación de la pena de muerte en EE UU -ampliada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo- y los encarcelamientos de objetores de conciencia en países que parecen "por encima de toda sospecha", como Suiza. Entre los progresos logrados en 1988 menciona un creciente respeto por los derechos humanos en la URS S y en otros países del Este de Europa.

La conclusión que cabe sacar de ese informe no puede ser una simple lamentación por los horrores que no cesan. Indica que la batalla por los derechos humanos es sumamente dificil, y que los avances son lentos. Pero conviene valorar la nueva etapa en la que ha entrado el derecho internacional después de la II Guerra Mundial. Antes de ésta regulaba sólo las relaciones entre Estados y los Gobiernos no aceptaban injerencias extranjeras en materia de detenciones o ejecuciones. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, las cosas han cambiado de modo radical, al menos en teoría. La práctica, como hemos visto, es muy distinta. Las violaciones son numerosas y muchas de ellas permanecen ignoradas. Y aquí entra el papel de Amnistía con una originalidad esencial: es un organismo privado, completamente independiente de los Gobiernos, que no está vinculado con ninguna de las organizaciones interestatales, como la ONU o la Unesco, en el seno de las cuales los temas referidos a derechos humanos siempre son mediatizados por intereses de unos u otros Estados y acaban en compromisos más o menos aguados.Los informes de Amnistía, al contrari son escuetos. Aportan hechos, con frecuencia pavorosos. Tres principios sencillos y tajantes están en la base de su actividad: procurar la libertad de los hombres, mujeres y niños encarcelados a causa de sus convicciones, origen étnico o religión; trabajar para que los presos políticos sean juzgados de manera imparcial y en plazos razonables y oponerse sin reservas a la pena de muerte y a la tortura. Con tales objetivos Amnistía ha logrado movilizar y agrupar a miles de voluntarios en más de 60 países, gracias al trabajo de los cuales puede recoger la amplia información que se refleja en sus informes. Es obvio que no está a salvo de cometer en ciertos casos algunos errores o exageraciones. No siempre se realizan las comprobaciones precisas. Pero ofrece en cambio algo decisivo: la garantía de una imparcialidad avalada a lo largo de los años. Y el hecho más alentador con vistas al futuro es que la acción de Amnistía, si con frecuencia es recibida con recelo entre gobernantes o profesionales de la política, encuentra un eco enorme entre la sociedad civil.