Defensa alega falta de viviendas para desahuciar a militares en reserva.

La"falta perentoria de viviendas" para los militares en activo, que con frecuencia deben abandonar su localidad de residencia por cambio de destino, y la pérdida de toda vinculación con las Fuerzas Armadas por parte de los inquilinos son los dos argumentos esgrimidos por el Ministerio de Defensa para justificar las órdenes de desahucio dictadas contra alrededor de 3.500 oficiales en la reserva transitoria que viven en casas castrenses.Un alto cargo del departamento de Defensa ha reconocido a este diario el carácter "traumático" de la medida, sobre todo para los afectados que no tienen más fuentes de ingresos que su retribución militar, idéntica a la de sus compañeros en activo, pero asegura que no puede diferenciarse a los que han hecho uso del derecho a compatibilizar la situación de reserva con otro empleo de quienes no han podido hacerlo. A su juicio, la única diferencia posible sería entre los que llevan más de tres años en la reserva transitoria y han recuperado todos sus derechos políticos, no estando ya sujetos al régimen disciplinario militar, de quienes no han sobrepasado dicho límite.

El Ministerio cuenta con un parque superior a las 20.000 viviendas para paliar la movilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, buena, parte de ellas están ocupadas por, militares retirados del servicio activo. Una reciente sentencia judicial ha bloqueado el reparto de un millar de casas militares, mientras que una cantidad similar está empezando a adjudicarse. Desde 1986, Defensa no ha construido ninguna vivienda, a la espera de la puesta en marcha un plan nacional que concentrará en un solo organismo los distintos patronatos militares.

Las cartas dirigidas a los inquilinos dan un plazo de cuatro meses para el desalojo de las viviendas, pero el proceso será mucho más prolongado si, como es previsible, el contencioso acaba en los tribunales. Los miembros de la reserva transitoria consideran que la orden de desahucio, dictada el pasado 29 de septiembre, les discrimina respecto a los militares en activo y es contraria al decreto de 1985 que creó esta situación administrativa, para facilitar la reducción de mandos.