Y ahora, el ajuste
TRAS EL paréntesis electoral, tanto el Gobierno actual como el que le suceda dentro de unas semanas deberán plantearse la estrategia económica de los próximos meses, cuya discusión ha sido diferida hasta conocerse el resultado de las elecciones. Los problemas que tiene planteados la política económica no son simples ni admiten, algunos de ellos, excesivas dilaciones.Tal es el caso del presupuesto para el próximo año, cuyas líneas generales no parecen haber sido definidas, aparte de algunas vagas indicaciones sobre el carácter relativamente restrictivo del capítulo de gastos. Y lo mismo sucede con el sector exterior, cuyo deterioro continúa inexorablemente. Los últimos datos apuntan a un déficit por cuenta corriente para el conjunto del año del orden de los 12.000 millones de dólares, algo más del 3% del PIB. En cuanto a la inflación, el índice de precios al consumo refleja un aumento del 7%, que probablemente se mantenga de aquí a fin de año. Se trata de un panorama distinto del que corresponde a nuestros principales socios comunitarios, especialmente de aquellos cuyas monedas forman parte del Sistema Monetario Europeo (SME), que, salvo Italia, tienen sus balanzas por cuenta corriente equilibradas o en excedente y cuya inflación se sitúa entre el 3% y el 4%. La contrapartida de esta situación se encuentra en un crecimiento más rápido que el de nuestros principales competidores y, consecuentemente también, en una mayor creación de empleo. Pero la cuestión consiste en saber durante cuánto tiempo podremos mantener la actual tasa de crecimiento sin que aumenten los desequilibrios.
Las declaraciones oficiales durante la campaña han insistido en que no hace falta tomar medidas adicionales para propiciar el ajuste de la economía española. El principal valedor de esta tesis ha sido el presidente del Gobierno, secundado por algunos otros ministros y altos cargos. Según esta tesis, la restricción monetaria comienza a dar sus frutos, de tal manera que la desaceleración del crecimiento de la demanda interior de la economía proseguirá en los próximos meses hasta que se alcance un crecimiento sostenible a medio plazo. El problema, planteado en estos términos, no consiste en saber si hace falta o no reducir la tasa de crecimiento de la demanda interior; de lo que se trata en realidad, es de dilucidar si las medidas adoptadas son suficientes.
La respuesta es probablemente negativa, tanto desde la vertiente de la inflación como desde la perspectiva del desequilibrio exterior. En cuanto al primer problema, los sindicatos ya han anunciado que reclamarán aumentos salariales comprendidos entre el 7% y el 8% para el año que viene, lo cual resulta difícilmente compatible con una reducción de la tasa actual de crecimiento de los precios. Es evidente que dicho crecimiento está estrechamente ligado al de los salarios y que, por consiguiente, si se quiere obtener una reducción significativa de la tasa de inflación es imprescindible llegar a algún tipo de acuerdo con los sindicatos. El punto de partida no es demasiado esperanzador: a la larga querella entre Gobierno y sindicatos hay que añadir la falta de credibilidad de las previsiones oficiales en el terreno de la inflación.
El desequilibrio exterior tampoco se presta a excesivos optimismos. El déficit de la balanza comercial alcanzará los 25.000 millones de dólares, lo que nos coloca en tercer lugar en el mundo, tras Estados Unidos y el Reino Unido. Es cierto que los ingresos por turismo y las transferencias reducirán esta cantidad hasta unos 12.000 millones de dólares, pero aun así la magnitud del desequilibrio es demasiado fuerte. La desaceleración de la demanda interna deberá ser mucho más importante de lo que se dice para mantener el déficit de la balanza por cuenta corriente dentro de los límites de lo manejable. A ello contribuye el hecho de nuestra entrada en el SME, que implica necesariamente ajustes reales más drásticos que en una situación de plena autonomía de la política cambiaria. Se podrá aceptar o rechazar la entrada en el mecanismo de cambio comunitario, pero lo que parece fuera de dudas son las consecuencias de la entrada: la convergencia de las políticas económicas, mucho más acentuada cuando se acepta la disciplina de los tipos de cambio, deberá reflejarse, entre otras cosas, en un presupuesto austero y riguroso.
De momento, el Gobierno parece dispuesto a esperar algún tiempo más, prisionero de las promesas electorales. Los datos parecen indicar la necesidad de adoptar nuevas medidas de ajuste, aunque es pronto para poder afirmarlo con plena seguridad. Mientras tanto, lo aconsejable sería iniciar conversaciones con los agentes sociales para tratar de valorar mejor la situación actual, sus incertidumbres y sus riesgos. Sólo así sería posible acercar la posibilidad real de llevar a cabo una política de rentas que complementara el resto de actuaciones de los poderes públicos.
