La propuesta sindical prioritaria

La política económica aplicada por el actual Gobierno no sólo tiene altos costes sociales, según el autor, sino que además ha consolidado un modelo de crecimiento económico con los rasgos históricos negativos del desarrollo capitalista del exterior en el terreno tecnológico, financiero, industrial y energético.

Las medidas adoptadas por los responsables económicos conducen a un sistema con una débil capacidad de generar estructura productiva y empleo estable; mantiene importantes desequilibrios en la balanza comercial y por cuenta corriente; genera desequilibrios regionales, y posee un marcado carácter parasitario y especulativo como elemento dominante.Veamos algunos datos a título de ejemplo:

- En el crecimiento de la economía influyen factores externos, como la caída del precio del petróleo y la caída del dólar, así como las apresuradas medidas de estímulo de la demanda tomadas en 1985.

- El protagonismo del crecimiento recae singularmente en la construcción, que, con un aumento real en tomo al 10% refleja, entre otros fenómenos, un crecimiento muy ligado a actividades especulativas del mercado inmobiliario, a las tardías inversiones públicas.

- Se está produciendo un fuerte proceso de renovación de bienes de equipo industrial, siendo abastecida la mitad de la inversión por la importación, lo que indica el elevado nivel de dependencia productiva y la canalización hacia el exterior de los efectos positivos (actividad y empleo) que tiene el crecimiento interno.

- La dependencia comercial del exterior se expresa a través del déficit comercial. En 1989, la situación es todavía más difícil que el año anterior, habiendo alcanzado en los nueve primeros meses los 2,5 billones. Esta evolución es un indicador de la dificultad de mantener un proceso de crecimiento autosostenido.

- La tasa de cobertura de la balanza tecnológica ha caído del 24% al 13%. entre 1986 y 1988, a pesar de la puesta en marcha de la ley de Ciencia y Tecnología.

- Las inversiones extranjeras se han multiplicado por 10 en el período 1982-1988, siendo predominantemente especulativas y dirigiéndose a la inversión en cartera, en inmuebles y al control de empresas en sectores dinámicos.

- En cuanto a las tendencias territoriales de la distribución de la producción y la renta, se produce un aumento de las desigualdades regionales.

En resumen, el Gobierno ha liberalizado la economía y la ha puesto al servicio de la recuperación de la tasa de ganancias, no siendo capaz de controlar los procesos especulativos, auténticos responsables del incremento de la inflación y del consumo desatado. Así, el recalentamiento es el resultado del fracaso de la política económica neoliberal.

Las medidas adoptadas en julio han ido en dirección al ajuste. Se aprobó una ley de IRPF que perjudica a los trabajadores, al desequilibrar aún más en contra suya el peso de la fiscalidad; la adhesión precipitada de España al SME se utilizará como excusa para actuar en la contención salarial y del gasto público; se han aplicado medidas monetarias para intentar reducir el crédito, lo que deprimirá el consumo, empeorará las condiciones de vida, hará descender los niveles de empleo y perjudicará alas pyme. Sus resultados demuestran que no enfrían la economía ni frenan la inflación.

Crecimiento racional

Aquí, la cuestión de fondo es que, en vez de enfriar, hay que crecer más aún, pero de manera racional. El Gobierno debería controlar los procesos especulativos -especialmente el sector inmobiliario- y la inversión extranjera. También debe recortar el gasto militar y modificar la estructura del sistema financiero, de tal forma que existan retenciones fiscales en todos los activos financieros y se evite así la generación de plusvalías sin ningún control. Las cosas no se controlan llamando a la moralidad a los banqueros. Para compensar lo anterior son necesarias modificaciones en el sistema fiscal para gravar más a las rentas más altas; el incremento del consumo de las rentas de trabajo, salarios, pensiones, subsidios al desempleo, etcétera, que se dirigen en mayor medida a los consumos nacionales, y con una actitud más expansiva del sector público desarrollando las infraestructuras, la política de vivienda e incrementando el gasto.

A medio plazo son necesarios cambios en la estructura productiva, el desarrollo de otra política industrial y de reindustrialización y una negociación con el capital extranjero para garantizar su carácter productivo y la transferencia y el aporte de tecnología.

Ante este panorama, les sindicatos venimos reclamando un cambio sustancial en la política económica y social en favor de una política de progreso que debe orientarse hacia el pleno empleo y la universalización de la protección social como ejes de vertebración de la sociedad.

Las propuestas en este sentido encontraron un respaldo masivo con el paro general del 14 de diciembre. En esta jornada se emplazó al Gobierno a atender unas reivindicaciones de carácter inmediato y a abordar la negociación con los sindicatos para conseguir el giro social. El Gobierno hizo todo lo posible por no atender sus posiciones previas, y, si bien de manera insuficiente, tuvo que introducir mejoras en el terreno de la cobertura, las pensiones y la revisión de los salarios de los empleados públicos.

En los meses transcurridos, los sindicatos hemos venido consolidando el proceso de convergencia y unidad, asumiendo con los trabajadores los retos de la negociación colectiva y la firmeza necesaria ante las actuaciones y amenazas de un Gobierno que, lejos de afrontar una verdadera negociación, ha ido alejándose más y más de los trabajadores.

Tras una plataforma reivindicativa unitaria se ha desarroHado la negociación colectiva y movilizaciones importantes para conseguir objetivos como el mantenimiento y mejora del poder adquisitivo de sus salarios, la reducción de la jornada laboral, la sustitución de empleos eventuales por fijos, el avance de la democracia en los centros de trabajo, etcétera. En las empresas públicas, el Gobiemo ha adoptado una actitud cerrada que ha endurecido la negociación. Han sido precisas movilizaciones contundentes y unitarias para obtener convenios colectivos positivos. No obstante, se puede afirmar que en 1989 se ha dado la mejor campaña de negociación colectiva del período democrático.Reformas estructuralesQueda, por tanto, pendiente la negociación de las reformas estructurales que se expresaron en el 14-D. Para su consecución, se hace precisa la unidad en los objetivos y en la acción del movimiento sindical. Por ello, hemos acometido la tarea de elaborar y debatir con los trabajadores y con la sociedad unaEropuesta sindical prioritaria. sta hunde sus raíces en el 14-D, pero mira hacia el futuro. Significa un avance en la alternativa y coloca al movimiento, sindical a la ofensiva, en demanda de un giro social que signifique un cambio de política económica. Convencidos de que es posible y necesario hacer compatible el crecimiento económico, el aumento del empleo y de su calidad, la distribución más justa de la riqueza, la elevación del nivel de la protección social y la democratización de los centros de trabajo.

De tales propuestas surgen, como elementos más significativos, una veintena de reivindicaciones concretas que, sin agotar los objetivos del movimiento sindical, sirven para marcar prioridades claras y alcanzables a corto y medio plazo. El stop a la precariedad en el empleo, a la profunda injusticia fiscal, a la sobreexplotación de la mujer y de los jóvenes, a los precios astronómicos de las viviendas, a la baja protección al desempleo y a las escasas pensiones, a la ausencia de formación profesional y de un salario social, al deterioro de las condiciones de trabajo y del medio ambiente, etcétera, se plantea de forma precisa y se realizan propuestas tan evidentes que deberían abrirse camino por una cuestión de racionalidad econón-áca y de justicia social. Desgraciadamente, frente a ello nos podemos encontrar de nuevo con la intransigencia de siempre del Gobierno y de los empresarios y con un nuevo ajuste como respuesta.

Porque lo cierto es que este Gobierno no negocia nada. Cierra unilateralmente la mesa del empleo, no negocia los programas de formación profesional a presentar en el FSE, introduce de hoz y de coz a España en el SME, aprueba la ley de IRPF sin ninguna negociación, etcétera. Además, en su relación con los sindicatos parten del principio de hostilidad y mantienen una obsesión antisindical enfermiza.

Así las cosas, cuando el Gobiemo ya no controla la situación económica, convoca aceleradamente las elecciones legislativas, dejando buena parte del programa electoral sin cumplir: equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo, ley de Pensiones Asistenciales, Consejo Económico y Social, ley de Salud Laboral, entre otras promesas. El nuevo programa social del PSOE tiene el electroencefalograma plano. Vuelven a prometer, por tercera vez, las mismas cosas en materia de pensiones, salud laboral, CES, etcétera, y contiene amenazas como la ley (recorte del derecho) de Huelga.

Además, en el caso de ganarlas procederán al ajuste y a intentar imponer tres vueltas de tuerca: en los salarios, en la fiscalidad y en los gastos sociales. La jugada es absolutamente tosca, pero se pueden equivocar: éste es un pueblo sabio, no de masoquistas, y seguramente acabará reaccionando cívica y democráticamente ante una operación tan descarada, colocando en su sitio a los que ya no defienden el mantenimiento del poder a ultranza. Este Gobierno no se merece el voto de los trabajadores, y ni siquiera la abstención del cabreo.