La cultura de la resignación

Las promesas electorales y los diferentes tonos que están empleando los actuales responsables económicos respecto a los que utilizaban antes de la convocatoria del 29-O son algunos aspectos en los que incide el autor del presente artículo, para quien el adelanto de las elecciones se justifica en "no tener que arrostrar la impopularidad de unos presupuestos socialmente restrictivos".

La consigna parece ser: no irritar al personal. Pero tras las elecciones, si todo sale como estaba previsto, el gran comunicador se dirigirá a nosotros a través de la pequeña pantalla, con ese tono del que habla para niños de 11 años, e intentará convencernos de las bondades de unos presupuestos equilibrados y de una estoica austeridad frente a la orgía del consumo. Siempre bajo la pedagógica amenaza de que, si no se logran dichos objetivos, las medidas a tomar serán más duras. Antes evitarán utilizar palabras malditas como ajuste durante la campaña, trivializando el debate político con cuestiones puramente marginales.La verdad, parece que toman a los ciudadanos por menores de edad. El pase del "digo al diego" se ha elevado a categoría política. Las últimas declaraciones de los ministros de Trabajo y de Economía son un buen ejemplo. La Propuesta sindical prioritaria (PSP) ya no es "para la confrontación", como decía Chaves en julio, sino que la "PSP se debe estudiar por el PSOE y asumir en parte", dice el mismo Chaves en septiembre. En cuanto al ajuste, hace dos meses se defendía su supuesta racionalidad, y Solchaga era el principal impulsor de la convocatoria adelantada de elecciones para proceder posteriormente a él. Ahora, el mismo ministro considera que quizá ya "no sea necesario un ajuste dramático". Incluso ha llegado a prometer ¡un millón de puestos de trabajo! Todo vale con tal de ganar las elecciones, desde la manipulación de TVE hasta las cifras de paro registrado.

¿Qué ha pasado este verano para que se produzcan cambios tan radicales en ministros tan cualificados? No es posible que nuestras vidas y la suerte del país pendan del hilo del componente alimentario del IPC de agosto. Aquí, el único hecho significativo es la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de octubre, para no tener que arrostrar la impopularidad de unos presupuestos generales socialmente restrictivos.

Recalentamiento

Intentemos ver dónde está el fondo del problema. ¿Hay un recalentamiento de la economía o el fracaso de un modelo dependiente y especulativo?

El Gobierno viene a defender el primer punto de vista: la economía se ha recalentado, el consumo se ha desbocado y hay que tomar medidas que estabilicen el crecimiento sin poner en peligro algunas magnitudes macroeconómicas. En definitiva, viene a decir que se acabó la fiesta. Para ello está pensando en lo que Josep Schumpeter llamaba la "necesaria ducha fría" como medio para salvaguardar los intereses fundamentales del capitalismo a través de recetas depresivas convencionales como la austeridad y el equilibrio presupuestario: más impuestos, menos gastos sociales y reducción de los salarios reales.

Los defensores de esta línea de actuación olvidan un hecho: para la mayoría de los ciudadanos, como consecuencia de los altos costes sociales de la política económica, no ha habido ninguna orgía consumista.

La tasa de desempleo sigue siendo el doble que la media de la CE, aunque hay 1,39 millones de parados desaparecidos de las estadísticas oficiales. Además, lo más grave desde el punto de vista de la situación del empleo es la bajísima tasa de actividad que existe en España, situada en el 49%, por debajo de la de otros países industrializados, especialmente la tasa femenina.

Desde el punto de vista de la calidad del empleo, se observa una gran regresión, ya que actualmente los contratos de tipo precario han experimentado una progresión exponencial en los últimos años: de un 15,6% en 1987 al 26,5% en 1989.

Es especialmente grave la situación de los jóvenes, parados la mitad de ellos y con empleo precario la mayoría (74%) de los que tienen trabajo, hasta el punto que en materia de empleo joven es sinónimo de precariedad. Como conclusión, se puede afirmar que la baja calidad del nuevo empleo que se crea le hace especialmente vulnerable ante cualquier embate de la crisis, recesión o endurecimiento de la política monetaria o del ajuste.

En relación a la protección social, el gasto por este concepto se mantiene 9 puntos por debajo de la media de la CE y estancado en un 17% desde 1982, aunque el número de parados y el de pensionistas se ha incrementado, respectivamente, en 730.000 y un millón de personas.

Ello explica que las pensiones continúen, en su inmensa mayoría (72%), por debajo de un escuálido salario mínimo interprofesional. La promulgación de la Ley 26/85, de recorte de pensiones, supuso en el período 1985-1987 una disminución del 7,4% en las nuevas pensiones. Las pensiones asistenciales tienen un universo de aplicación muy reducido y una cuantía de sólo 20.200 pesetas.

La cobertura al desempleo está situada por debajo del 35%, predominando las prestaciones complementarias sobre las de carácter contributivo y quedando especialmente marginado de la protección al desempleo el colectivo (cerca de 1,5 millones) de parados de menos de 45 años, incluso siendo de larga duración.

El gasto sanitario se ha mantenido prácticamente congelado en términos relativos, desde 1982 hasta 1987, en poco más del 4% del PIB. Mientras, la población potencialmente protegida por la sanidad pública ha aumentado en cerca de cinco millones. Estos datos explican por sí solos el proceso de degradación y deterioro del sistema sanitario público.

Gasto educativo

El gasto educativo (3,6% del PIB) está muy alejado del que se realiza en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (6%) y tiene una traducción directa en una menor calidad de la enseñanza. Los proyectos de reforma del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) no contemplan ni de lejos el aumento sustancial del gasto educativo que sería necesario, con lo cual la reforma seguirá esperando.

Por último, cabe referirse aquí a la escandalosa situación de la vivienda, sector en el que se ha desatado la especulación más rampante. Valga como dato que en los últimos cuatro años el precio de la vivienda se ha multiplicado por tres-cuatro veces en las principales ciudades. Ello implica la existencia de enormes dificultades para acceder a una vivienda, ya que, según distintos estudios, se estima entre 100.000 y 120.000 pesetas mensuales lo que una familia tiene que destinar a la compra de una vivienda.

En el reparto de la renta se ha producido una regresión por la política de ajuste salarial realizada hasta 1986, siendo especialmente notable en 1984. Los sindicatos, desde 1987, hemos venido defendiendo conjuntamente el concepto de mejora real de los salarios, habiendo roto los topes salariales en varias ocasiones. No obstante, ello no ha impedido que haya caído la participación de las remuneraciones de los asalariados en el PIB un 4,4%, pasando del 53,2% en 1983 al 49,9% en 1988. Gracias a la política de ajuste del Gobierno, se ha producido el gran milagro de hacer retroceder los salarios a la situación de 1966. Paralelamente, el excedente empresarial ha tenido, aunque de manera desigual, un intenso aumento.

La pérdida del poder adquisitivo ha sido especialmente notable en el salario mínimo, especialmente por el incumplimiento de la Ley 8/80 por parte del Gobierno en materia de revisión salarial.

Cabe hacer especial mención a la situación fiscal, que contribuye a empeorar la distribución de la renta. El sistema fiscal español es de los más injustos y regresivos de Europa, toda vez que ni paga más quien más tiene ni paga todo el mundo, existiendo un elevado fraude fiscal. Así, hay una importante asimetría entre la aportación de las rentas del trabajo en el IRPF (75% de la base imponible total) y las rentas de capital y otras. El impuesto de sociedades sólo lo paga uno de cada cuatro empresarios. El impuesto de patrimonio es una curiosidad tributaría que apenas recauda y tiene un tipo impositivo real del 0,4%. Los impuestos indirectos se han disparado en los últimos años con la aplicación del IVA y, evidentemente, repercuten más en las rentas más bajas. (Una pequeña recomendación: hagan ustedes sus declaraciones de la renta antes de votar.)

Las condiciones de trabajo y vida no se puede decir que hayan mejorado precisamente. Un indicador clave a tener en cuenta es la siniestralidad laboral, que en 1988 ha superado el millón de accidentes laborales, lo que significa un aumento del 45% respecto al año anterior. Las muertes, los accidentes y las enfermedades profesionales son uno de los costes sociales más graves que se están pagando por la crisis y por el actual crecimiento rapaz. Tienen una relación de causalidad con la generalización del empleo precario, a lo que hay que añadir la ausencia de inversiones en esta materia y de una legislación actualizada que sustituya a la obsoleta ordenanza de seguridad e higiene del año 1971.

Otro fenómeno que se ha extendido en los últimos años es la economía sumergida, difícil de medir, pero bastante evidente en una serie de sectores y zonas. Hasta la propia CE ha mostrado su preocupación por este fenómeno, que puede suponer, según estudios, entre un 5% y un 30% del producto total. En cualquier caso, es una prolongación consentida y estimulada de la economía oficial, y desde el punto ele vista laboral significa inseguridad y sobreexplotación.

Por último, son muy preocupantes los niveles de pobreza en España. Medidos con parámetros de valoración comunitarios, tenemos el doble de pobres. Según diferentes estudios, el número oscila entre ocho y 11 millones. En el umbral del siglo XXI, es uno de los principales problemas de la sociedad española, ya que significa marginación, dualismo y desmoralización social.

Enriquecimiento

Paralelamente, se impone la prevalencia de la ética del beneficio y de la especulación, donde el enriquecimiento súbito es el paradigma del ascenso social. También se propicia la insolidaridad y la fragmentación de la conciencia social. Al no tocarse los parámetros redistributivos, se crea la falsa conciencia de que el individuo necesitado no se ha esforzado lo suficiente y es el culpable de su situación; de esta manera, se desresponsabiliza al sistema y se culpa al ciudadano, fomentándose una cultura de la resignación ante la alta tasa de paro, la precariedad y la desprotección social.

En conclusión, para corregir algunos indicadores macroeconómicos, para mejorar la situación de las empresas y recuperar los excedentes empresariales ha hecho falta una enorme agresión a los trabajadores. La política económica ha generado más inseguridad laboral, más desigualdades y más injusticia social. Por ello, la política económica actual no sólo no es la única posible, sino que es la más indeseable.

También se ha quebrado el discurso económico oficial tan cacareado por los chamanes de la economía. Se ha demostrado falaz, ya que la ecuación ajuste-crecimiento-reparto no se ha cumplido más que en las dos primeras variables, y las últimas medidas económicas adoptadas cierran la ecuación de nuevo con el ajuste sin haber llegado a repartir. Con ello acaba de perder toda credibilidad la política de austeridad.

Por todo lo anterior cabe preguntarse: ¿orgía de quién? Los muchos millones de pobres, parados, pensionistas, trabajadores, jóvenes y mujeres nunca han sido invitados a fiesta alguna. ¿Adónde se les quiere echar ahora? También el consumo ha sido dual y desigual. Desgraciadamente, la solidaridad ha retrocedido y el progreso sólo ha sido para unos pocos.