La sombra de Lemóniz

Las irregularidades urbanísticas y legales en la construcción de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya) y un plan para convertir la costa vasca en una sucesión de instalaciones semejantes provocaron a fines de 1975 una fuerte oposición popular. La capacidad de convocatoria de aquel movimiento de masas no es comparable a las manifestaciones celebradas contra la autovía Guipúzcoa-Navarra, aprobada por las instituciones autonómicas. Los críticos sólo han logrado movilizar a unos escasos miles de personas con el único apoyo político de HB.ETA, subida en marcha al carro de la protesta contra Lemóniz, desencadenó desde finales de 1977 una escalada de atentados que culminó con los asesinatos de los ingenieros José María Ryan y Angel Pascual y la práctica paralización de las obras en 1982. Para entonces, el movimiento popular en defensa de una costa vasca no nuclear había quedado en segundo plano.

ETA comenzó volando torretas y transformadores de Iberduero, amenazó el funcionamiento de toda la red eléctrica y continuó con la colocación de una bomba el 17 de marzo de 1978 en uno de los generadores de Lemóniz. Dos trabajadores murieron. Tras el secuestro y posterior asesinato del ingeniero Ryan, en febrero de 1981, las protestas populares se volvieron contra ETA.

Protestas

Se calculó entonces en medio millón el número de trabajadores participantes en paros de protesta. 300.000 personas se manifestaron con el lema "Paz y libertad" en Bilbao, San Sebastián y Vitoria. La mayor parte de los técnicos dejaron de acudir, no obstante, a las obras y pidieron un referéndum para conocer la voluntad popular. La celebración del referéndum fue solicitada también por el Gobierno vasco, presidido por Carlos Garaikoetxea. Sin embargo, el Ejecutivo central, presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, lo rechazó.

Las negociaciones entre ambos Ejecutivos desembocaron en un acuerdo, suscrito en Vitoria el 22 de marzo de 1982. Se establecía la gestión de la central por una sociedad pública controlada por el Gobierno vasco y financiada por Iberduero. La sociedad se constituyó el 5 de mayo. El mismo día, ETA asesinó a Ángel Pascual, el ingeniero que había sustituído a Ryan en la dirección del proyecto.

El Gobierno socialista dio carácter oficial al abandono de las obras de la central amparándose en las previsiones del Plan Energético Nacional, aprobado en junio de 1,984.