Suelo para todos

EL NUEVO veredicto judicial contra el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid abunda en algo que parece evidente, pero que no acaban de percibir los voluntariosos gobernantes socialistas de la comunidad autónoma madrileña: que con la ley del Suelo de 1956, reformada en 1975, no se puede hacer mucho para resolver el grave problema político y social que plantea la escasez y carestía del suelo en las grandes ciudades, y cuyas consecuencias más evidentes son la especulación inmobiliaria y la imposibilidad para un gran número de ciudadanos de acceder a la propiedad y disfrute de una vivienda.La actual legislación sobre el suelo resultó apropiada para el boom urbanístico de la década de los sesenta, cuyo objetivo fue edificar viviendas a toda costa, aunque el resultado fueran ciudades, poblados, colonias y barrios carentes de los más elementales equipamientos sociales. Pretender forzar esta legalidad todavía vigente con el auxilio de una interpretación judicial favorable que, por lo que se ve, no llega, no es el camino más adecuado ni el más directo para resolver un problema que no admite espera. Todo lo que sea empecinarse en la vía judicial y dar largas mientras tanto a la decisión política y legislativa que ponga en pie una legislación claramente constitucional sobre el suelo constituye una irresponsabilidad social.

La sensibilidad jurídica de que han hecho gala los gobernantes de centro-derecha del Ayuntamiento de Madrid objetando, cuando eran oposición, las directrices del plan urbanístico no les exime de sus responsabilidades actuales en la solución de la cuestión social de la vivienda. Cualquier Gobierno, sea cual sea su posición ideológica, está obligado a dar algún tipo de respuesta al problema humano de amplios sectores de población expulsados desde los centros urbanos hasta la periferia metropolitana y a la dificultad política de la segregación social que el actual movimiento especulativo inmobiliario conlleva.

Los objetivos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, tendentes a una mayor socialización del suelo, a hacer accesible su disfrute a los grupos sociales económicamente más desfavorecidos y a limitar su uso en transacciones meramente especulativas, deberían ser compartidos por todas las fuerzas políticas, en el ejercicio del poder o con expectativas de él. No hacerlo así sería tanto como dar la espalda a claros mandatos constitucionales sobre el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, al deber de los poderes públicos de hacer efectivo ese derecho y de regular la utilización del suelo para impedir la especulación, y a la obligada participación de toda la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los organismos públicos.

Es, pues, imprescindible una nueva legislación sobre el suelo que recoja los criterios constitucionales, pero ello no justifica que los responsables públicos permanezcan con los brazos cruzados ante las incógnitas que genera su inexistencia. En todo caso, es su deber urgir al Gobierno de la nación a que elabore cuanto antes el marco legal que permita la adopción de políticas urbanísticas acordes con las actuales necesidades sociales y que eviten la acaparación abusiva por unos cuantos de un bien fundamental para la vida de todos los ciudadanos.