Jáuregui dice que el despliegue de la Ertzaintza no supondrá la salida total de la Guardia Civil

El vicepresidente del Gobierno vasco, Ramón Jáuregui, afirmó ayer en Sevilla que el proceso de reducción de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la comunidad vasca no supondrá "en ningún caso, al final de ese proceso, que la Guardía Civil vaya a dejar de existir en el País Vasco". Jáuregui señaló que "la Guardia Civil realizará las llamadas funciones supra y extra comunitarias, las que el propio estatuto de autonomía otorga a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y que serán llevadas a cabo con instalaciones permanentes en el País Vasco". [Un portavoz de Interior dijo ayer que por parte de su departamento "existe voluntad política para llevar a cabo la adecuación" de las fuerzas de seguridad en el País Vasco"].

El vicepresidente vasco dijo que "hay 4.000 policías autonómicos implantados en más del 50% de la comunidad autónoma sin afectar al 50% de la población, y esos agentes van hacia un proceso de constituirse como una policía integral implantada en todo él territorio y que combata todos los delitos".

'Comando Barcelona'

Por otra parte, el fiscal de la Audiencia Nacional solicitó ayer un total de 196 años de cárcel para Josefina Mercedes Ernaga y Domingo Troitiño, miembros del comando Barcelona de ETA Militar, por la explosión de un coche bomba en abril de 1987 en la capital catalana que causó la muerte de un transeúnte y heridas gravísimas a dos guardias civiles que circulaban por el lugar en un vehículo del cuerpo, informa José Yoldi.Ernaga y Troitiño, que el próximo lunes serán juzgados por el atentado contra Hipercor, en el que murieron 21 personas, admitieron pertenecer al grupo terrorista, y dijeron que acciones como la del coche bomba contra miembros de las fuerzas de seguridad son parte de la lucha que mantiene su grupo. No obstante, se negaron a contestar a las preguntas concretas referidas al atentado y a las que les formuló la acusación particular.

El fiscal afirmó que los acusados eran culpables de varios delitos entre los que destacan atentados, asesinatos, terrorismo y lesiones. La acusación pidió más de 200 años por los mismos delitos, mientras la defensa solicitaba la absolución.

Asimismo, la Audiencia Nacional no admitió ayer a trámite el recurso de la acción popular en el caso Amedo, por el que se solicitaba la reapertura del sumario para que se investiguen los fondos reservados de Interior como medio de financiación de los GAL.