Interior quiere usar a los 'etarras' de Santo Domingo como baza en un diálogo con ETA

El Gobierno socialista pretende utilizar la posibilidad de entrega inmediata de los dirigentes etarras, ofrecida por la República Dominicana, como instrumento ante una futura negociación con ETA, así como un medio para facilitar una corriente en la organización terrorista plenamente favorable a la reanudación del diálogo, según ha transmitido reservadamente el ministro del Interior, José Luis Corcuera, a responsables sindicales de la policía.

Corcuera, según las fuentes consultadas, no comunicó a los mencionados responsables un diseño claro y contundente de la estrategia antiterrorista. Sólo les trasmitió que la política del Gobierno iría determinándose en función de las circunstancias.El Ejecutivo confía, según Corcuera, en el progresivo debilitamiento de la organización para que el fenómeno terrorista pueda desembocar en una salida negociada. Medios sindicales de la Policía consideran un error el planteamiento del Gobierno de acabar con ETA mediante golpes policiales hasta que se vea abocada a negociar.

El ministro del Interior informó que el Gobierno esperará los resultados de la política de dispersión de presos etarras, la intensificación de la colaboración francesa y la presión sobre los deportados para ir definiendo sus actuaciones en esta materia.

De hecho, algunos de los deportados de la organización terrorista han dejado de recibir del Gobierno español las asignaciones que les entregan como intermediarios los Estados que los acogen -alrededor de 300 dólares por persona al mes-.

La vía de la negociación

Corcuera reveló también que el Ejecutivo tiene intención de mantener abierta siempre la vía de la negociación, puesto que es un canal al que no se debe renunciar.El Gobierno también considera que la entrega a España de los tres interlocutores de la banda terrorista en las conversaciones políticas de Argel -los ahora deportados en Santo Domingo Antxon Etxebeste, Belén González Peñalba e Ignacio Arakarna Mendía- podría ralentizar la búsqueda de otros intermediarios de la organización en el caso de que se reanudasen las conversaciones.

El Gobierno ha preferido actuar en función de las circunstancias políticas y esperar el desarrollo de acontecimientos para solicitar la entrega inmediata de estos etarras reclamados por la justicia española, mientras la Audiencia Nacional ya tramita la extradición de algunos de estos dirigentes etarras.

No obstante, el endurecimiento de la política antiterrorista previsto para después de las elecciones legislativas, del próximo 29 de octubre podría incluir su entrega a España si ETA Militar no acepta el abandono de las armas y una reanudación del diálogo con el Gobierno.

Los mandos policiales informados por Corcuera apuntaron la posiblidad de que, si se produce una amplia victoria socialista en las próximas legislativas, el nuevo Gobierno lance una seria ofensiva contra ETA Militar que se concrete en un aumento de la presión policial en Francia y un golpe de efecto con las solicitudes de entrega de todos los deportados de la organización que se encuentran actualmente en Suramérica y África.

En cualquier caso, el resultado electoral influirá decisivamente en la nueva estrategia antiterrorista.