La Generalitat anuncia la apertura de una nueva cárcel en dos semanas

El conseller de Justicia de la Generalitat, Agustí Bassols, anunció ayer en Figueres (Gerona) que la cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès, entrará en funcionamiento "dentro de un par de semanas", según informó Catalunya Radio. Bassols, que se desplazó a la prisión de Figueres para celebrar la festividad de la Mercè, señaló que los Mossos d'Esquadra han iniciado ya los preparativos para hacerse cargo de la vigilancia exterior de la nueva cárcel.La prisión de La Roca -primer centro penitenciario construido por la Generalitat- fue inaugurada el 28 de julio por el presidente Jordi Pujol, quien fijó el 18 de septiembre como fecha prevista para iniciar los primeros traslados de los 900 presos de la Modelo de Barcelona que deberán instalarse en Quatre Camins. Esto no fue así, sin embargo, debido a la falta de acuerdo entre la Administración central y la Generalitat sobre la financiación de la vigilancia exterior de la cárcel.

Fuentes del Departamento de Gobernación de la Generalitat consultadas por Europa Press indicaron ayer que las negociaciones para conseguir un acuerdo a este respecto se encuentran muy avanzadas y que se espera llegar a un pacto la próxima semana.

El Gobierno catalán considera que la dotación de mossos que se encargará de la seguridad de la prisión debe ser financiada por el Ministerio del Interior, ya que los traspasos procedentes del Ministerio de Justicia -Cataluña tiene plenas competencias en materia penitenciaria- no incluían este extremo. Por su parte, la Administración central defiende que no está obligada a ello, ya que los mossos que vigilarán La Roca no sustituirán a efectivos de la Guardia Civil.

Esta cuestión intentó ser incluida hace unas semanas en una eventual negociación entre el Consell Executiu y el Gobierno central para aceptar el traslado de 12 presos etarras a dos cárceles catalanas, según señalaron entonces fuentes próximas a la Presidencia de la Generalitat. El Departamento de Justicia respondió negativamente a la petición del Gobierno central, aunque Pujol aceptó la posibilidad de revisar la cuestión tras las elecciones.