Drogas y finanzas

EL TRÁFICO de estupefacientes tiene sin duda su talón de Aquiles en el principal factor que explica este gigantesco negocio: el de los ingentes beneficios que produce. La ONU los cifra actualmente en unos 300.000 millones de dólares (36 billones de pesetas, tres veces el presupuesto del Estado español) al año, dato que la Interpol no duda en elevar a 500.000 millones de dólares (60 billones de pesetas). Pero mientras el Gobierno colombiano, con el aplauso de la Administración de Bush, libra una lucha a muerte contra los poderosos cárteles del narcotrafico radicados en su país, los siete grandes Estados de Occidente (G-7), y Estados Unidos a la cabeza, muestran fuertes resistencias al establecimiento de un sistema de seguimiento de las transferencias bancarias internacionales del dinero negro generado por el comercio ilegal de la droga.Expertos en la materia de los siete grandes, reunidos la última semana en París, se han opuesto a la imposición de un sistema de control sobre las operaciones de blanqueo del dinero del narcotráfico por las repercusiones negativas que pudiera producir en el funcionamiento del sistema financiero internacional, y que implicaría, entre otras cosas, una armonización penal a nivel internacional en la persecución de las distintas modalidades del blanqueo, así como una legislación unitaria sobre el secreto bancario. Lo primero es técnicamente dificil, y lo segundo encuentra la oposición de los responsables del sistema financiero internacional. El resultado es obvio: mientras los narcotraficantes tengan la posibilidad de mover anualmente 300.000 millones de dólares a través de los canales del sistema bancario internacional no sólo será prácticamente imposible que descienda la producción y disminuya la demanda de drogas ilegales, sino que además es cada vez mayor el riesgo de que ese enorme potencial de corrupción acabe por pudrir completamente bancos, policías y Gobiernos.

Es posible que la timidez demostrada por los siete grandes a la hora de actuar sobre el talón de Aquiles económico del narcotráfico esté condicionada en parte por el peso que tiene la droga en el comercio internacional (un 9% del total, es decir el doble que las transacciones petroleras), pero entonces no existe ninguna justificación para hacer recaer el grueso de la represíón sobre los pequeños traficantes y consumidores. Según cálculos muy optimistas, por cada kilo de droga que es capturada, 20 llegan a su destino. Es como curar un cáncer con aspirina.

España ha dado un paso importante en el terreno de la legislación penal ampliando la figura del comiso de los bienes de cualquier naturaleza procedentes del comercio ilegal de la droga. Pero, sea por falta de medios, por escasez de efectivos policiales y judiciales o por la evidente dificultad que entraña rastrear las transformaciones sucesivas del dinero blanqueado, lo cierto es que esta legislación se está revelando inoperante. De la desidia con que las autoridades actúan en este terreno dan idea algunos ejemplos recientes. Durante el verano, el secretario de Estado de Hacienda lanzó una gravísima denuncia sobre la posible relación de una parte significativa del dinero colocado en seguros de prima única con el negocio de la droga; nunca más se supo del asunto. Cuando se descubrió el flujo ilegal de dinero español a Suiza -en el caso denominado como peseta-connection-, el fiscal de Basilea remitió documentación a la policía española para que se investigara el rastro seguido en nuestro país; hasta hoy. Existen sospechas fundadas, denunciadas por la Prensa, de que los traficantes colombianos lavan parte de su dinero en Galicia con la ayuda de un ciudadano centroamericano; ni una palabra. Todo ello nos remite a un exceso de contradicciones en las que se mueve la política represiva, presentada como única alternativa en la lucha contra el narcotráfico.