Francia intenta que la CE llegue, a un compromiso sobre la intervención en fusiones de empresas

"El esfuerzo que ha hecho España para la adopción del derecho comunitario es loable", afirmó ayer en Bruselas Jaime Folguera, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado para la CE. La Comisión Europea acusa a España de ser uno de los grandes culpables del retraso en la aplicación de las normas comunitarias aprobadas para la creación del mercado único. Funcionarios de la Comisión viajarán el 2 y 3 de octubre a Madrid para controlar sobre el terreno este terna. El consejo de ayer, bajo presidencia francesa, se centró en la normativa sobre concentración de empresas.

La amenaza que sobre la credibilidad del mercado único a partir de 1992 se: cierne por, el olvido de los Estados miembros de la CE a la hora de aplicar las normas que ellos mismos aprueban fue puesta ayer en Bruselas sobre la mesa del Consejo de Ministros de Mercado Interior de la CE. El comunicado elevado por la Comisión Europea ofrece un balance desolador, porque de las 68 directivas que debían haber entrado en vigor desde la aplicación del Acta única sólo siete son ley en todos los Estados miembros. En junio pasado, sólo se aplicaban dos.España y Portugal encabezan la lista de incumplidores, según los datos de la Comisión. Los representantes del Gobierno presentes en el Consejo de Ministros ofrecieron ayer una versión justificadora, amparada en el aluvión ole normas que le ha caído encima a España desde el ingreso en la CE. "De las 1.073 directivas comunitarias", dijo Folguera, "nuestro país ha aplicado ya 850". El sobreesfuerzo legislativo para España se explica también por el hecho de que el año pasado entraron en vigor 3,00 normas comunitarias, aunque la Comunidad aprobó 30.

En nuestro caso, según Pedro Solbes, secretario de Estado para la CE, "el documento tiene errores, y el retraso tampoco es tan grave como parece", pues "de las 28 directivas que tenían que haber entrad

en vigor y aún no están aplicadas, el problema se reduce a 17 o l8". Con las 11 restantes, lo que ha pasado, de acuerdo con esta versión, "es que su incorporación al derecho nacional aún no ha sido comunicada a la Comisión Europea ése es el fallo".

Las autoridades comunitarias señalan que el problema del retraso en la aplicación de normas corre el peligro de agravarse, pues en 1990 está prevista la entrada en vigor de las directivas de más envergadura, como la liberalización de los movimientos de capitales. Además, la CE tiene pendientes de aprobación la mayoría de las normas que van a exigir aprobación parlamentaria en cada Estado miembro, requisito que contribuirá a alargar aún más los procesos.

En su intervención, el comisario Martin Bangemann recalcó que su intención no era "regañar a nadie", sino poner remedio al retraso. Pero, a pesar de la magnitud del problema, el

Consejo de Ministros apenas entró en el debate de la propuesta de soluciones, porque la presidencia francesa centró las discusiones en el punto referido al reglamento de concentración de empresas que lleva 16 años sobre la mesa y sobre el que desde 1987 se busca un acuerdo.

Francia intentaba ayer un compromiso sobre una propuesta consistente en conceder a la Comisión la facultad para intervenir en las fusiones siempre que la cifra de negocios mundial de las empresas afectadas supere al año 5.000 millones de ECU (650.000 millones de pesetas). Este limite excesivo, que en el caso español afectaría a un escaso número de sociedades, se completa con la condición de que al menos 32.500 millones de la facturación se genere dentro de la CE y con que el 33% del negocio se realice en el exterior del país en el que las empresas tengan fijada su sede.

Paradójicamente, España se ha posicionado junto a los países grandes, con grupos más poderosos y que son los que quieren una política más restrictiva. El Gobierno, afirmó Pedro Solbes, cree que un límite bajo afectaría negativamente a los procesos de la reestructuración de sectores tan importantes como la banca, el refino refino y los fertilizantes, y además perjudicaría la inversión extranjera. También quiere un régimen diferenciado para la empresa pública, de forma que en la venta de Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), por ejemplo, computase la cifra de negocios de esta compañía, pero no la del holding propietario Instituto Nacional de Industria (INI).

Al final de la reunión de ayer se convino en convocar un nuevo consejo para el próximo día 10 de octubre que se celebrará en Luxemburgo. Por otra parte el Consejo aprobó la propuesta llevada por la delegación francesa de convocar una conferencia intergubernamental de los Doce miembros de la CE para establecer un convenio de patente europea. La reunión, según se acordó ayer, se celebrará desde el próximo día 11 hasta el 15 de del próximo mes de diciembre en Luxemburgo.