Prioddades

LA AFIRMACIÓN de Julián García Vargas de que es necesario establecer prioridades en el cuidado de la salud porque los presupuestos de la sanidad pública no dan para satisfacer todas las demandas de la población no es nueva. Sin embargo, quizá sin proponérselo, el ministro de Sanidad y Consumo acaba de introducir en la precampaña electoral uno de los problemas que más preocupan a los españoles. Bienvenida, entonces, la inoportunidad del señor ministro.García Vargas ya se había manifestado en el mismo sentido en repetidas ocasiones a lo largo del último año. Pero, por primera vez, sus declaraciones se han visto acompañadas de dos ejemplos concretos sobre cuáles pueden ser esas prioridades. El presidente del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), Eduardo Arrojo, señaló con el dedo los programas de fecundación asistida y la salud dental. Casi al mismo tiempo, el ministro descargaba sobre "los profesionales" la responsabilidad de decidir qué se va a poder tratar en un hospital". Esto revela una divergencia entre ambos -García Vargas ha manifestado varias veces que sí considera prioritario el cuidado de los dientes a cargo de la sanidad pública hasta los 16 años- y ha encendido de nuevo una polémica que llevaba cierto tiempo apaciguada: el rechazo de los médicos a que otro tipo de profesionales controle su trabajo. La huelga que asoló los hospitales hace tres años -en abierta oposición a que un gerente "no necesariamente médico" fuera el responsable de presupuestos que rondan o superan los 20.000 millones de pesetas separó con unos acuerdos que no han llegado a ponerse totalmente en práctica.

Las airadas reacciones de organizaciones médicas y sindicatos a la posibilidad de que algunas patologías queden excluidas de la sanidad pública se explican en gran medida por la cercanía de la campaña electoral. Ellos saben que los hospitales públicos no atienden todas las demandas que se presentan. Hay escasez de camas y listas de espera. Hay también prioridades que están marcadas por factores tan dispares como la falta de planificación en la Administración sanitaria y el criterio subjetivo de los médicos, en algunos casos más seducidos por el protagonismo que proporcionan las nuevas técnicas que por satisfacer las necesidades de una mayoría de usuarios.

Sorprende que el presidente del Insalud, organismo que gestiona drectamente los recursos económicos de la sanidad, proponga como medida de ahorro la supresión de los programas de fertilización in vitro cuando a este fin se han destinado sólo 10 millones de los dos billones de pesetas que gastó en 1988 el organismo que él gestiona. Pero sorprende aún más que los responsables de la sanidad consientan situaciones como las que se dan en el hospital Doce de Octubre de Madrid. Este centro, que dispone de un presupuesto de 17.118 millones de pesetas, cuenta con cinco ginecólogos dispuestos a solucionar la angustia de las parejas que desean tener un hijo. Pero tan sólo hay un tocólogo para tratar a las mujeres que pueden verse abocadas a tener un hijo con malformaciones o a poner en peligro su vida ante la falta de asistencia profesional.

El aumento del gasto sanitario se ha disparado en los países desarrollados, y todos los expertos coinciden en señalar que la solución a ese incremento pasa por la delimitación clara de los cuidados médicos que se pueden atender. El primer paso para establecer prioridades consiste en definir los derechos de los enfermos y las obligaciones de los médicos. La sanidad pública no se puede desarrollar de espaldas a las nuevas técnicas, pero los pacientes no pueden seguir al arbitrio del pulso particular que se vive entre médicos y economistas. Los usuarios necesitan saber qué prestaciones pueden exigir, independientemente de que residan lejos de una gran ciudad o de que su patología despierte el interés de los facultativos.