Un nuevo intento

EN FEBRERO pasado, se reunieron en México casi todos los actores del draína que asola a El Salvador desde hace 10 años. Era un intento serio de establecer la paz, poniendo fin a una guerra civil interminablemente cruel, antes, de que se celebraran las elecciones presidenciales que acabarían dando el triunfo a Alfredo Cristiani, candidato de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Se trataba, sin embargo, de un diálogo con poco futuro, pese a haber. sido propiciado por los jefes de Estado centroamericanos y por el entonces flamante vicepresidente de EE UU. En una visita a San Salvador el pasado mes de enero, Dan Quayle había dejado claro que comprendía que los 3.000 millones de dólares gasta, dos por EE UU en apoyar la fracasada -lucha contra la guerrilla habrían podido ser mejor empleados, y condicionó la continuación de,la ayuda norteamericana al fin de la sistemática violación de los derechos humanos en aquel país.En esas fechas, desafortunademente, el presidente democristiano saliente, José Napoleón Duarte, gravisimamente enfermo y por tanto incapaz de hacer que su partido ganara los comicios que se avecinaban, no podía presentarse. como el mejor interlocutor en un diálogo en el que la oferta de paz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) iba acompañada de condiciones poco realistas y de una amenaza de boicoteo que después se volvería en su contra, al tiempo que ni el Ejército ni las fuerzas paramilitares, en el pasado vinculadas a Arena, daban muestras de querer otra cosa que la rendición incondicional de los guerrilleros. La negociación fracasó, y el FMLN retiró su oferta de tregua y de aceptación de los resultados electorales (que había condicionado al retraso de los comicios por seis meses y a que el candidato de la guerrilla fuera admitido al libre juego de la campaña).

Siete meses después, en este principio de septiembre, vuelve a renacer una cierta esperanza. El FMLN propuso negociar nuevamente en México y, haciendo gala de más visión política que en la ocasión anterior, anunció que renunciaba a sus exigencias de compartir el poder y de integrar a sus guerrilleros en el Ejército regular. Se limitaba a proponer un alto el fuego a partir del 15 de noviembre y su consiguiente acceso a la vida política pacífica en enero de 1990. Un dato positivo era que, en está ocasión, su interlocutor no sería, como en febrero, un conglomerado de todas las fuerzas políticas salvadoreñas, sino el Gobierno del presidente Cristiani.

Ello proporcionaba dos ventajas de principio: es mejor negociar con un interlocutor que con ocho, y es aun mejor que ese interlocutor sea quien gobierna. Por otra parte, Arena en el Gobierno dista mucho de ser el partido de corte fascista que creara el comandante D'Abuisson al hilo de la acción de los escuadrones de la muerte. Ganó las elecciones claramente y ha ido integrando con el tiempo a una parte significativa de las clases medias decepcionadas con el desgobierno de la democracia cristiana.

Pero el FMLN pedía unas contrapartidas que Cristiani no puede o no quiere dar, porque equivalen a reconocer la escalofriante historia de sangre que lleva Arena a sus espaldas. Los guerrilleros piden que se reforme el sistema judicial, que se garanticen los derechos individuales, que acabe la represión y, sobre todo, que sé busque y juzgue a los asesinos del arzobispo Romero y a los integrantes de los escuadrones de la muerte. Nada más alejado de la realidad que decir que las guerrillas tienen las manos limpias de sangre y atrocidades, pero lo malo es que las circunstancias políticas en Centroamérica hacen que la paz en El Salvador pase por la voluntad -y generosidad del Gobierno, y no sólo del FMLN.

Por estas razones, el nuevo esfuerzo pacificador -víctima ya de altercados verbales y acusaciones mutuas- corre el riesgo de acabar, como los tres anteriores, en un fracaso. Y hasta la siguiente ronda, el perdedor será nuevamente el pueblo salvadoreño.