Atención dental, no; cambio de sexo, sí

Juan Carlos Cariñena, de 19 años, fue atendido en marzo de 1988 en el servicio de andrología del hospital clínico San Carlos, de Madrid. Patología a tratar: cambio de sexo. ¿Está incluido este tipo de operaciones en la Seguridad Social? "Cualquier intervención que realice un médico de un hospital público en un centro nuestro es una prestación de la Seguridad Social. Porque en la sanidad pública no existen más limitaciones que la atención mental a los enfermos crónicos y la salud dental", afirma un portavoz del Insalud.

España es el único país de la Comunidad Europea que no tiene una lista de las prestaciones que da la sanidad pública; no están especificadas en ningún sitio, y los servicios sanitarios atienden la demanda si quieren. Esto tiene consecuencias tan negativas como discriminación e inseguridad en el usuario, según un alto cargo del Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta opinión es en parte compartida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La OCU considera -ante las manifestaciones del ministro de Sanidad de que es necesario marcar prioridades en las prestaciones de la Seguridad Social porque no se puede "dar todo a todo el mundo"- que esas limitaciones existen ya en la práctica y vienen marcadas por el número de camas y las listas de espera.Los especialistas consultados coinciden en señalar que la atención que recibe un paciente hoy en día depende de factores tan variables como la tecnología con que cuenta el centro -muy pocos facultativos se fían de las pruebas que ha realizado otro compañero, y con frecuencia se realizan innecesariamente nuevas pruebas- y la ideología del médico que le toque en suerte de los 29.652 facultativos que trabajan en los 131 hospitales del Insalud o sus deseos de explorar nuevos caminos dentro de su especialidad.

Ante la peculiaridad del caso de Juan Carlos Cariñena, remitido desde Zaragoza a Madrid, el gerente del hospital clínico San Carlos, Arturo Gallego, pidió información al jefe del servicio de urología, Aurelio Usón. Este contestó: "Le envío todos los estudios realizados al paciente; en cuanto a los procedimientos terapéuticos indicados para su tratamiento siento no poder informarle". Conminado de nuevo por el gerente a que informase sobre sus actividades en ese caso concreto, Usón contestó: "No tengo previsto aplicar ningún tratamiento a Juan Carlos Carifiena".

"En esta ocasión, la operación no llegó a realizarse, pero tenemos constancia de que el doctor Usón ha realizado un cambio de sexo en este hospital", dice Arturo Gallego, gerente del centro. El servicio de urología de este centro muestra muchas reticencias, en cambio, para atender a los pacientes que llegan para que se les practique una vasectomía (esterilización masculina). "Sólo dos de los 10 urólogos que hay realizan ese tipo de intervenciones. Ligaduras de trompa -esterilización femenina- se realizan también muy pocas, sólo cuando se trata de casos extremos o te lo pide un arnigo", dice un facultativo del centro. Ambas intervenciones están incluidas dentro de la Seguridad Social como métodos anticonceptivos.

Fecundación asistida

El anuncio de que entre las prestaciones públicas que se van a cuestionar está la fecundación asistida es bien acogida por un facultativo del hospital Doce de Octubre, de Madrid. "No tiene sentido que la fertilización asistida se dé sin limitaciones cuando para realizar un aborto legal tienes que preocuparte de buscar tú mismo un quirófano libre y el personal auxiliar porque el resto de los compañeros se niegan".

Actualmente, la residencia sanitaria La Paz, el hospital Doce de Octubre y el centro Ramón y Cajal cuentan con unidades de fecundación in vitro en Madrid. También ofrecen ese servicio otros dos centros del Insalud: los hospitales Miguel Servet, en Zaragoza, y Virgen de la Arrixaca, en Murcia. "La unidad cuenta con cinco ginecólogos, y hasta ahora hemos realizado 80 estimaciones y 42 transferencias que han culminado en 12 embarazos", dice José María Rivera, gerente del hospital. Rivera no recuerda el presupuesto destinado a esa actividad del hospital, pero lo califica de "medianamente importante". Le es difícil concretar también si en el centro tiene acogida la demanda sanitaria de las mujeres que necesitan interrumpir sus embarazos. "Creo que hay uno o dos ginecólogos que no se oponen a prestar esa asistencia".

Según los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, los hospitales públicos han atendido sólo el 5% de los abortos legales realizados en 1988. El precio de un aborto en las clínicas privadas es de 30.000 pesetas. El coste de un tratamiento de fertilización in vitro se sitúa en torno a las 500.000 pesetas. La lista de espera para fertilización in vitro en el hospital Ramón y Cajal, por ejemplo, es de 150 personas. La demanda de aborto por peligro para la salud de la madre o malformación del feto fue en 1988 de 16.900 casos.

Gran parte de ese 5% se atiende en dos hospitales comarcales situados en Móstoles y Leganés, localidades cercanas a Madrid. Estos centros acogen tanto la demanda de esta comunidad autónoma como la procedente de otras zonas. En toda el territorio nacional sólo hay 35 centros públicos que den esa prestación.

La residencia sanitaria La Paz cuenta para 1989 con un presupuesto de 24.078 millones de pesetas, el Doce de Octubre tiene 17.118 millones de pesetas y el Ramón y Cajal gastará este año 16.312 millones de pesetas. El presupuesto del hospital Severo Ochoa es de 4.243 millones de pesetas.