García de Blas propone la creación de un fondo comunitario para luchar contra la pobreza

Antonio García de Blas, director general de Política Económica, es partidario de reformar los fondos estructurales de la CE, y propuso ayer en Santander la creación de uno nuevo destinado a luchar contra la pobreza. El cree que los programas actuales, dotados con 55 millones de ECU, no son suficientes para atajar un problema que afecta a 40 millones de ciudadanos de los doce, la mayoría en paro de larga duración, que se han descualificado profesionalmente.

En contraste, García de Blas no defiende la implantación de un salario social en España porque cree que la pobreza se ataja modificando las condiciones de vida y las causas, que a su juicio son el menor nivel de educación, infraestructura y difusión tecnológica. Su estimación es que los recursos destinados ahora en la CE se deberían, al menos, duplicar.En el plano nacional propone que las medidas comunitarias se complementen con la protección de las personas de edad avanzada, mediante pensiones dignas, y la asistencia sanitaria. Precisamente el Consejo de Ministros va a aprobar mañana la universalización de la cobertura sanitaria pública y su extensión al 2% de la población española que aún no cuenta con ella.

Reforma de los fondos

En su intervención en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre La Europa social, García de Blas enumeró ayer otra reforma a medio plazo de los fondos estructurales de la CE. Se trata de ampliar los programas destinados a infraestructuras, sanidad, educación y sectores ahora no protegidos.

En relación al problema del paro, Paolo Cecchini, consejero de la comisión de la CE y autor del informe que lleva su nombre sobre las ventajas del mercado único, afirmó que se puede superar la creación de dos millones de puestos de trabajo si los Gobiernos toman medidas para el reparto equilibrado de los beneficios y con unas relaciones laborales armónicas. Él cree que el consenso social no se puede lograr viendo, por ejemplo, cómo los empresarios italianos piden unas rebajas en los costes del trabajo cuando desde hace cinco años tienen unos beneficios muy altos.

No comparte, sin embargo, los criterios de los sindicatos en torno a la Carta Social, que él propugna deben ser "una orientación política, no jurídica".

Cecchini tampoco está de acuerdo con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Mathias Hinterscheid, que el día antes afirmó en Santander que la presidencia francesa es "la última oportunidad para aprobar la Carta Social". Él considera que el Gobierno de Irlanda, y sobre todo el italiano, "deberían empujar", y apuntó que también depende del resultado de las elecciones en el Reino Unido. Para Cecichini es muy difícil" que la Carta Social se apruebe mientras gobierne Margaret Thatcher.

El representante de UGT que ayer intervino en la UIMP, Enrique Calvet, lógicamente mostró su desacuerdo con Cecchini sobre el alcance no vinculante de la Carta Social, lo mismo que Javier Velasco, delegado de CC OO ante el Comité Económico y Social de la CE.