La Generalitat rehusó acoger a 15 'etarras' en las cárceles catalanas

Viene de la primera páginaEl mismo día del envío de la carta a Antoni Asunción, un portavoz del Departamento de Justicia de la Generalitat, cuyo titular es el conseller Agustí Bassols, aseguró que el Gobierno no había solicitado el Ejecutivo autonómico ningún traslado de etarras, "al menos recientemente".

Las mismas fuentes aludieron a la superpoblación que sufren las cárceles catalanas y al real decreto del 20 de junio de 1984, que regula los traspasos en materia penitenciaria al Gobierno catalán. En este sentido, aseguraron que, según la citada norma, "es más lógico que sean trasladados a Cataluña los 250 presos catalanes dispersos por todo el territorio español, que los etarras, que no tienen ningún vínculo con esta comunidad autónoma".

Un portavoz de la Generalitat dijo: "En Cataluña tampoco se da la circunstancia legal objetiva sobre capacidad carcelaria [para aceptar etarras], ya que es conocida la superpoblación existente en nuestras prisiones". "Ni siquiera", matizó, "estamos en condiciones de reclamar a los presos catalanes que están fuera de Cataluña".

Según datos de la Generalitat, en las prisiones catalanas hay unos 600 reclusos con vinculaciones familiares o laborales en otras comunidades que no pueden ser trasladados, " porque la comunidad destinataria no los acepta por falta de plazas libres".

De los cerca de 250 presos catalanes que están recluidos en cárceles del resto de España, 12 son miembros de la organización terrorista Terra Lliure y dos están implicados con actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Todos ellos se encuentran en prisiones de Madrid.

El hecho de que los sumarios por delitos terroristas estén centralizados en la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, contribuye a que los etarras condenados por atentados perpetrados en Cataluña cumplan condenas en cárceles del resto del Estado. El caso más significativo es el de los miembros del comando Barcelona de ETA que fueron condenados, entre otros, por el atentado perpetrado contra el supermercado Hipercor, de Barcelona, en el que murieron 21 personas.

Fuentes de la Administración central se negaron a utilizar el número de presos por delitos sociales y políticos como arma en esta polémica sobre la dispersión de los presos etarras. En los citados medios se cree que la Generalitat mantiene un excesivo celo en sus competencias en materia penitenciaria.

Desde el pasado mes de abril, más de 250 presos de ETA ha sido trasladados desde la prisiones de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y de Alcalá-Meco (Madrid) a otros 60 centros penitenciarios.

Funcionarios

La segunda reunión entre representantes de los sindicatos de funcionarios de prisiones de Cataluña y cargos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios se celebró ayer sin que se alcanzara acuerdo alguno sobre la aplicación en Cataluña de las medidas de seguridad que se implantarán en el resto de penales españoles a raíz del traslado de etarras.

Comisiones Obreras difundió un comunicado en el que asegura que, hasta el momento, la Generalitat niega haber aceptado el traslado de etarras a centros catalanes y "considera que dicho traslado no depende tanto de barreras técnico-jurídicas como de una decisión política a la que el Gobierno catalán, por respeto al principio constitucional de solidaridad".