El Gobierno asturiano cierra residencias de ancianos por insalubres

El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil, firmó ayer el cierre cautelar de una residencia de ancianos de carácter privado, de Gijón, por no reunir las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la normativa regional en vigor. Esta medida podría ser acompañada de otras similares en los próximos días, de no subsanar sus deficientes condiciones de salubridad y seguridad otras ocho residencias de la tercera edad, también privadas, cuya situación ha sido calificada asimismo de muy deficiente por la Inspección de Sanidad y en las que se han apreciado casos de hacinamiento.La Consejería de Sanidad de Asturias ha detectado deficiencias muy graves en 9 de los 44 asilos inspeccionados hasta el momento en la región. Las nueve residencias mencionadas acogen a un total de 273 ancianos. Todos ellas podrían ser objeto de un cierre cautelar o de fuertes sanciones. Otras 21 residencias presentan deficiencias de menor importancia, pequeñas anomalías y carencias fácilmente subsanables, para cuya rectificación han sido requeridos sus propietarios mediantelas correspondientes resoluciones. Otros 14 establecimientos, en su mayor parte pertenecientes a la red pública (Inserso y comunidad autónoma) y a la privada sin ánimo de lucro (benéfico-asistenciales), ofrecen condiciones calificadas de muy buenas.

Sanidad ha detectado hasta el momento la existencia de 72 centros de estas características, con un total de 1.628 residentes, de los que sólo 21 están autorizados y registrados oficialmente. Los restantes, o están en trámite de registro, aun cuando se encuentran en servicio, o no han solicitado la autorización preceptiva tras la publicación del decreto de la comunidad autónoma que regula los requisitos higiénico-sanitarios de dichos centros. La Consejería pretende continuar con la inspección del resto de locales habilitados como residencias de la tercera edad. Fuentes de la Consejería aseguraron a EL PAÍS que no es intención de las autoridades sanitarias regionales el cierre de locales, que supondría un problema de reacomodo de los ancianos desalojados, sino forzar la reforma de los centros que no reúnen las condiciones exigidas por el decreto citado.