Riesgos patrimoniales

CON LA desaparición de tres cuadros del palacio Real de Madrid, uno de los edificios históricos más importantes entre los que tiene encomendada su custodia el Patrimonio Nacional y sin duda también uno de los de mayor significación política en la actualidad para el Estado, tristemente se ponen de manifiesto una vez más las precarias condiciones de seguridad y conservación del patrimonio cultural español. Por lo demás, el número y la importancia de los cuadros desaparecidos, el retraso en percatarse de su ausencia y, aún peor, el hecho de que estuvieran ubicados en una sala no abierta al público son a todas luces circunstancias agravantes para el caso. Ante una situación tan alarmante resulta del todo improcedente tratar de minimizar el valor artístico de lo sustraído o consolarse con su más que probable devolución, dada la casi total imposibilidad de comerciar clandestinamente con una obra oficialmente catalogada. De hecho, la mayoría de estos robos son llevados a cabo por ladrones mal informados, empleados descontentos de la propia institución objeto de la agresión, mitómanos o cualquier otra clase de alienados o irresponsables.Pero cualquiera que sea el móvil en este caso y su solución final no se puede dejar pasar de nuevo la ocasión para replantearse el problema de fondo, que es el del casi sistemático incumplimiento oficial de la misión que socialmente tiene encomendada: conservar el patrimonio histórico-artístico, teniendo en cuenta que conservar significa tanto custodiar las obras como mantenerlas en perfectas condiciones. Porque, de continuar en esta situación de endémica incuria, no sólo corre peligro nuestro patrimonio, sino que forzosamente perderá el Estado fuerza moral para luego exigir a los particulares un tratamiento escrupuloso de las normas dictadas al respecto.

Ciertamente resultaría ilusorio imaginar que un bien frágil como es toda obra de arte, incluso en el hipotético caso de que hubieran sido practicadas las mejores medidas de conservación, iba por eso a dejar de correr toda suerte de peligros. Pero en esto, como ante la eventualidad de cualquier catástrofe, el único consuelo es haber hecho previamente todo lo posible para que no suceda. Y en la valoración de nuestro nivel oficial en cuanto a prevención de catástrofes artísticas el resultado, salta a la vista, es bastante desalentador.

Las deficiencias del sistema son además estructurales, como se pone en evidencia precisamente a través del Patrimonio Nacional, institución cuya autonomía jurídico-administrativa dentro del aparato del Estado le permite desentenderse abusivamente de los controles regulares aplicados por el Ministerio de Cultura. Esta política cultural autónoma ha permitido al Patrimonio, que atesora una parte sustancial de la riqueza cultural del país, dictarse sus propias normas de conservación artística y crear sus cuerpos de funcionarios propios, lo que también significa que guardan, enseñan, restauran, prestan y fijan precios de entradas para las visitas y la reproducción de documentos, ateniéndose exclusivamente a las instrucciones de sus eventuales gestores directivos. Es cierto que han cambiado mucho las cosas desde la época franquista, en la que un general administraba la institución como la intendencia de un cuartel, pero resulta escandaloso que hoy todavía continúen vigentes aspectos indeseables de esta autonomía, como lo son todos aquellos que están en relación con el tratamiento cultural, puesto que, una de dos: o la legislación oficial es imperfecta y hay que cambiarla, o si no es así, no se explica por qué no debe aplicarla en todos sus puntos el Patrimonio Nacional.